Fortalecimiento del ELN entre Risaralda y Chocó generó alerta temprana de la Defensoría

La Alerta Temprana de inminencia No.0418 de 2018 se emitió debido a la situación de riesgo de las comunidades indígenas de Lloraudó, Opogodó, Alto Mumburudó, Santa Fé, Ocordó, Bachichí, Piedras, Pital, Dokabú y la cabecera del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, resguardos y asentamientos ubicados en los departamentos de Risaralda y Chocó.

De acuerdo con el Ministerio Público, la alerta se emite por la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades Embera Katío y afrocolombianas de estas localidades, riesgo configurado en la alta posibilidad de desplazamiento forzado, confinamiento, restricción alimentaria y otras vulneraciones derivadas de la presencia y accionar de los grupos armados en este territorio.

Dice la Defensoría Nacional del Pueblo, que el escenario de riesgo inminente actual se configura en el fortalecimiento de la presencia y movilidad del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional - ELN, estructura armada que ha afianzado su control sobre el corredor estratégico de la zona selvática y cordillerana de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, la subregión del San Juan en Chocó y el sureste de Antioquia, situación que se ha dado a partir de la salida de las Farc como factor armado.

Afirma en el escrito, que desde finales de 2016 el ELN ha afianzado su presencia en la zona de San José del Palmar en el Chocó y en las zonas de cordillera de Mistrató y Pueblo Rico, con el aumento del tránsito por los territorios de comunidades asentadas en las cuencas de los ríos San Juan y Agüita, esto sumado a que desde el mismo año, grupos paramilitares identificados como “Paisas”, “Paras” y “Gaitanistas” han incursionado desde Tadó - Chocó al corregimiento de Santa Cecilia y otras zonas indígenas de estas localidades risaraldenses, con el objeto de imponer su control armado en zonas que tradicionalmente han sido de la guerrilla.

Recuerda la Defensoría Nacional del Pueblo, que desde el 2016 se han presentado permanentes amenazas a los dirigentes indígenas y afro, se han registrado desplazamientos de familias por presencia de hombres armados y encapuchados, se han distribuido panfletos intimidatorios, e inclusive, se han configurado las muertes de algunos líderes de la zona.

Esta última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo fue enviada el pasado 2 de mayo al Ministro del Interior, Guillermo Rivera, con el objeto de que se active la respuesta institucional oportuna para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, negras y campesinas de la zona.