Fundación Defensa de Inocentes denuncia que 30.000 personas han sido víctimas de falsos testigos

El exdiputado del Valle señaló que hay carteles de falsos testigos, que por beneficios jurídicos o por intereses económicos, entregan falsos testimonios para involucrar a otras personas en procesos judiciales.

"Hemos hecho encuestas en las cárceles de Colombia y se calcula que entre el 17 y el 20 por ciento de las personas privadas de su libertad, condenadas o sindicadas, son víctimas de falsos testigos, eso significa que de las 142.000 personas privadas de su libertad, casi 30.000 personas han sido víctimas de falsos testigos, eso es una vergüenza para el país, es una pandemia que tienen que corregirse", aseguró López.

La excongresista Yidis Medina, víctima de falsos testigos en un proceso en el que se le incriminó por su supuesta participación en un secuestro, aseguró que la justicia debe obrar con seriedad y objetividad.

"Yo fui víctima de 7 montajes por haberle dicho a Colombia la verdad, de lo cual nunca me arrepentiré, ese es el mejor ejemplo que demuestra que sí se puede llegar al fondo de las cosas y mostrar que hay inocencia en personas que han sido víctimas de montajes", señaló Medina.

José Crisanto Gómez, el campesino que cuidó a Emmanuel, hijo de Clara Rojas, estuvo preso cuatro años, acusado de haber secuestrado al menor. Gómez aseguró que haber estado privado de la libertad injustamente (la justicia lo absolvió en 2012) destruyó su vida.

"La falencia investigativa del Estado me perjudicó enormemente. Yo estuve privado de la libertad cuatro años, se me destruyó el hogar, hoy tengo siete hijos que lucho por sacarlos adelante. Pude darme cuenta de tantas situaciones, es real, yo pude darme cuenta como llegaban funcionarios del Estado irresponsables a conseguir testigos falsos en las cárceles ofreciendo prebendas", agregó.

Finalmente, Sigfredo López calificó a los cárteles de falsos testigos como un negocio que surgió hace 10 años tras la desmovilización de 38.000 paramilitares y 10.000 guerrilleros y según explicó, "fueron utilizados por algunos investigadores y fiscales corruptos que daban beneficios como rebajas de pena, traslados de cárceles, protecciones especiales y traslados de cárceles a cambio de que mintieran e incriminaran a muchos ciudadanos".