Gobernadora de Putumayo y alcalde de Mocoa, a responder por avalancha que dejó 314 muertos

La Fiscalía General le imputará el delito de homicidio culposo a la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la tragedia en Mocoa registrada el pasado 31 de marzo.

Para la Fiscalía General, la Gobernadora omitió sus funciones de control y vigilancia, dejando a un lado las acciones pertinentes que pudieran evitar la tragedia que dejó 336 muertos y más de 100 desaparecidos. (Lea también: Medicina Legal informó que van 314 muertos por avalancha en Mocoa)

El ente investigador determinó que la mandataria departamental desatendió "la posición de garante" que la obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas que se encontraban asentadas en zona de riesgo.

Según la investigación, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias.

En la imputación de cargos se tendrán en cuenta las inspecciones adelantadas por una comisión del CTI que constató adicionalmente que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes.

En este sentido se advierte que fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía). El fiscal Fabio Espitia, jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte recordó que los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica.

Por estos hechos también serán procesados el alcalde de Mocoa, José Castro y el exalcalde de la capital de Putumayo, Elver Cerón. Los mandatarios municipales deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y por omisión.


La imputación de cargos en contra de la Gobernadora se realizará el próximo 30 de noviembre en el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras que la audiencia contra el exalcalde y el alcalde se celebrará el 6 de diciembre, en la ciudad de Neiva (Huila).

“Para la Fiscalía, los hoy indiciados desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico”, aseguró el fiscal Espitia.

Igualmente enfatizó que "en su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud, porque se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas”.