Gobernadores y alcaldes se oponen al protocolo para la protesta social

Alcaldes y gobernadores del país se volvieron a pronunciar contra el protocolo para atender la protesta social, el cual señalaron que no ha sido socializado lo suficiente y les quita autonomía para atender estos eventos.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló que "una medida en ese sentido, no solo restringiría las libertades públicas, sino que invadiría la órbita de competencia de las autoridades territoriales". 

Por su parte, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) remitió una carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en donde solicitan la ampliación plazos necesarios para que el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica", sea socializado de manera amplia con mandatarios regionales y todos los actores del mismo. 

Tanto alcaldes como gobernadores enfatizaron en que "son los responsables de la preservación del orden público en sus respectivas jurisdicciones y a la vez los principales garantes del ejercicio de los derechos ciudadanos".

De acuerdo con la Constitución la restricción de la protesta se puede aplicar "sólo cuando las circunstancias extremas y excepcionales lo aconsejen".

Los mandatarios hicieron un llamado al gobierno para que asuma en cambio las responsabilidades que competen al fuero presidencial, como la protección efectiva de los líderes sociales, que enfrentan permanentes riesgos contra su vida e integridad.

Los alcaldes de las capitales aseguraron que "se hace necesario incorporar los deberes que tienen los ciudadanos en el ejercicio de los derechos a la manifestación y la protesta". 

También que al ser un tema fundamental, "el protocolo debe ser el resultado de un proceso de construcción social, donde participen los diferentes actores de la sociedad y se incorporen todos los elementos relativos al derecho a manifestarse y protestar". 

Otra de las consideraciones que plantean, tiene que ver con la protección a los menores de edad y personas vulnerables en el ejercicio de la protesta pacífica, ya que aseguran que "es de crucial importancia y un tema que está excluido en el proyecto de protocolo".