Cargando contenido

Foto: AFP



El Consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia afirmó que la figura de matrimonio será defendida en la audiencia pública de la Corte Constitucional.



El consejero Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia, Guillermo Rivera, aseguró que apoyará el matrimonio igualitario en la audiencia pública que se realizará este jueves en la Corte Constitucional donde se escuchará la postura de la comunidad LGBTI, la Procuraduría, la Defensoría y el Gobierno sobre este tema.

En diálogo con RCN La Radio, Rivera dijo que básicamente el Gobierno sustentará la posición de que todos los colombianos "tienen derecho a constituir una familia sin ninguna restricción".

"El Gobierno es partidario de garantizar los derechos humanos de los colombianos y cada vez la justicia en el mundo evoluciona más en esto", señaló.

Dijo además que se están planteando varias alternativas, algo transitorio mientras se legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

"Nosotros estamos interviniendo, planteando algunas opciones; pero el argumento de fondo es la igualdad de derechos, que ningún colombiano tenga limitaciones para formar una familia", reiteró.

Indicó que si bien varios miembros del Gobierno han estado de acuerdo con el matrimonio igualitario; algunos como el vicepresidente Germán Vargas Lleras han dicho no estarlo.

"No hay una posición unificada del Gobierno: Los ministro de Justicia (Yesid Reyes), del Interior (Juan Fernando Cristo) y yo hemos venido ampliando la perspectiva con este tema; pero hay otros que no", afirmó.

Audiencia pública

La audiencia pública de la Corte Constitucional se llevará a cabo, tras una tutela que presentó el activista LGBTI, Luis Felipe Rodríguez Rodas, contra la Notaría Cuarta del Círculo de Cali que negó en el año 2013 la formalización de la unión solemne de una pareja del mismo sexo que requirió hacerlo bajo la figura de matrimonio.

El magistrado ponente Jorge Pretelt citó a esta diligencia, a diferentes sectores por solicitud de la ONG Colombia Diversa, al considerar que la decisión que adopte el alto tribunal frente a este tema es de trascendencia nacional.

La Corte analizará los argumentos sobre el concepto de matrimonio dentro de la legislación colombiana, así como tendrá en cuenta los estudios que se han adelantado sobre la conformación de familia dentro de la figura matrimonial.

Asimismo, el alto tribunal entrará a determinar cuáles serían las directrices para jueces y notarios en Colombia en caso de avalar la formalización de matrimonios civiles para parejas del mismo sexo.

En 2011, mediante la Sentencia C-577, la Corte Constitucional reconoció que las parejas del mismo sexo conforman familias y por ende están protegidas por la Constitución colombiana.

En la sentencia, la Corte advirtió que la falta de un contrato de carácter marital, solemne y formal que proteja a las familias homoparentales prolongaba el déficit de protección de estas parejas y violaba la Constitución.

El Alto Tribunal decidió que si bien el matrimonio civil entre personas heterosexuales era constitucional, el matrimonio entre parejas del mismo sexo no estaba prohibido en Colombia, pero debía ser regulado por el Congreso.

Para ello estableció que si al 20 de junio de 2013 el Congreso no había regulado el tema, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante notarios públicos y jueces a “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

El Congreso no legisló y la Sentencia de la Corte tuvo diversas interpretaciones por parte de jueces y notarios.

Según la ONG Colombia Diversa, algunos jueces han formalizado aproximadamente 40 matrimonios civiles de parejas del mismo sexo en los últimos dos años.

No obstante, otros jueces y notarios han hecho contratos, que la ONG considera son discriminatorios porque no protegen a las parejas del mismo sexo y las dejan en un limbo jurídico.

Por su parte, la Procuraduría ha buscado anular los matrimonios de parejas del mismo sexo “y ha perseguido a aquellas que buscan proteger sus familias”, señala Colombia Diversa.

Se espera que en la audiencia pública intervengan Colombia Diversa; la ong Dejusticia; Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el fiscal general, Eduardo Montealegre; el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora; la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda; expertos internacionales, académicos, entre otros.