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También reconoció que en época de pandemia ha aumentado la violencia contra los líderes.

Nancy Patricia Gutiérrez
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.
Foto: Colprensa.

Pese a que organizaciones sociales aseguran que son por lo menos 150 los líderes sociales que han sido asesinados en 2020, el Gobierno Nacional reportó que, tras las verificaciones, la cifra que manejan de homicidios de Defensores de Derechos Humanos es de 37. 

Según el Segundo Informe de 2020 de homicidios contra líderes sociales, que fue revelado por la consejera de DD.HH., Nancy Patricia Gutiérrez, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se han verificado 37 homicidios, mientras que 49 están en proceso de verificación con Naciones Unidas. 

Así mismo, indicó que del 1 de abril al 30 de junio de 2020, han verificado once homicidios y 27 mas están en trámite de verificación. También reconoció que en época de pandemia ha aumentado la violencia en contra líderes sociales. 

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“Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Huila, son los territorios donde más se registró violencia contra líderes. Muy importante resaltar que siguen siendo los Líderes de Juntas de Acción Comunal la población de mayor afectación, luego Líderes Comunitarios, Líderes Ambientales, Líderes Campesinos y Líderes sociales”, reportó.

Gutiérrez aseguró que este informe muestra el contexto, escenarios y factores de riesgo para los defensores de Derechos Humanos durante los meses de abril, mayo y junio.

“Por primera vez se visibiliza las amenazas contra líderes de comunidades étnicas del país. Intimidación a líderes sociales proviene de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada, con el interés de mantener control territorial, narcotráfico, explotación de recursos naturales y la cadena de economías ilícitas que de ellas se desprende”.

Recalcó que en materia de investigación y judicialización de los responsables de homicidios y amenazas contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, por parte de la Fiscalía General de la Nación, “se ha dado el 52% de efectividad del cartel de los más buscados por atacar líderes sociales”.

De igual forma, ha hecho seguimiento del año 2019 y de las 25 alertas tempranas emitidas durante lo corrido de este año, por la Defensoría del Pueblo, al igual que la adaptación por parte del Gobierno Nacional de la metodología de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), y del cruce de información con la Fiscalía General de la Nación.

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En ese sentido, dijo que esa Consejería identificó tres aspectos divididos en igual número de capítulos, “que permiten una diferenciación del informe publicado en el mes de marzo (correspondiente al primer trimestre de 2020), el cual contenía el diagnóstico territorial y las alertas tempranas del 2019 y primer trimestre de 2020, así como una serie de recomendaciones y observaciones emitidas tanto por esta consejería como por la comunidad internacional”.

Según el informe, la violencia contra los líderes sociales se ha concentrado en las siguientes zonas del país:

*Subregión del Suroccidente: Está constituida por el departamento de Cauca (con mayor intensidad en el norte y centro del departamento y el municipio de Guapi en la costa Pacífica), Valle del Cauca (centro, sur y occidente) y la costa Pacífica de Nariño, incluyendo Tumaco.

*Subregión del Urabá antioqueño y chocoano: Antioquia y Chocó.

*Subregión del Nororiente: Subregión del Catatumbo y Cúcuta en Norte de Santander y el departamento de Arauca.

Zonas del país que históricamente sostuvieron una alta afectación por el conflicto armado interno: sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar, el Bajo Cauca antioqueño, el norte y nordeste antioqueño, el sur del Meta, Guaviare y Putumayo.

De acuerdo con lo anterior, los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, tienen mayor probabilidad de afectación a los derechos de los líderes sociales y defensores/as de Derechos Humanos.

“Estas zonas coinciden con factores de riesgo por la convergencia de fenómenos criminales como el accionar de Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN, GAO Residual, ‘Clan del golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’, y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas, en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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