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Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación
Foto de la Presidencia de la República

Ante el nuevo asesinato de un excombatiente de las Farc, en Pitalito (Huila), el consejero presidencial para la Reincorporación, Emilio Archila, dijo que ha sido difícil garantizarles la seguridad a los guerrilleros que deciden realizar procesos de reincorporación de manera individual.

Manifestó que el excobatiente asesinado en Pitalito, Jonh Fredy Vargas, no había solicitado seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni anunciado que existiera amenazas en su contra.

"En el caso de la población que adelanta su proceso de forma individual, no es posible despliegue territorial alguno. Se suministran medidas personales de protección cuando lo solicitan y han denunciado amenazas. Las medidas territoriales que protegen colectivamente a los excombatientes se mantienen en los antiguos ETCR, donde existen esquemas colectivos de protección de la UNP, varios pelotones del Ejército y unidades de Carabineros", manifiestó Emilio Archila.

Vargas estudiaba el último ciclo de bachillerato, había tomado cursos de informática cooperativismo y contabilidad y asistía constantemente a las actividades que se realizaban en torno a la reincorporación.

"Si bien no había solicitado aprobación de un proyecto productivo, el beneficio que se le otorgaría para ello lo quería destinar para adquirir vivienda. Venía recibiendo normalmente el desembolso de sus beneficios económicos desde agosto de 2017"; afirmó el Consejero para la Reincorporación.

En contexto: Desmovilizado de las Farc fue asesinado en Pitalito (Huila)

Este lunes, se reunirá la mesa de Articulación Institucional para Seguridad de Excombatientes para evaluar nuevas medidas de seguridad para excombatientes, principalmente aquellos que no se encuentran en una antigua ETCR.

"En la actualidad hay población ex Farc en procesos individuales de reincorporación que está dispersa en al menos 552 municipios. Es decir, la mitad de los municipios del país. Respecto de esta población dispersa, es de la que se producen los asesinatos", aseguró Archila. 

"Los excombatientes con esquemas de protección otorgados por la UNP y los que adelantan procesos colectivos de reincorporación en los ETCR no han sido asesinados, salvo un par de casos", puntualizó el funcionario.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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