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Gobierno no comparte decisión de reubicar estaciones de Policía para proteger a civiles

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, manifestó que el Gobierno no comparte la decisión del Consejo de Estado de reubicar las estaciones de Policía en zonas donde no se vea afectada la población civil por atentados de los grupos armados ilegales.

"En este caso el Ministerio del Interior no comparte esa decisión; vemos el ejemplo de un extremo que así como sucede en pequeños municipios en esos pequeños cascos urbanos a donde la Policía, donde hace parte de un brazo armado civil, que por razones del conflicto es atacado por la guerrilla", señaló.

Dijo que la Policía está para defender la ciudadanía y los pobladores de cada uno de los municipios y que estar en los cascos urbanos es la única forma de garantizar la seguridad de los colombianos.

"Con esa decisión sería poner la Policía alrededor de la población civil. Cómo se siente protegida la población civil? La Policía está para defender a sus ciudadanos", anotó.

El titular de la cartera política precisó que el Ejecutivo, a pesar de no estar de acuerdo con esta medida del contencioso administrativo, respeta las decisiones de la justicia.

"Como todas las decisiones de la Rama Judicial el Gobierno no tiene más que respetar la decisión y acatarla", afirmó.

Decisión del Consejo de Estado

En su decisión, el Consejo de Estado ordenó que las estaciones de Policía deben tener una "ubicación especial" que no ponga en riesgo a la población civil por los ataques de los grupos guerrilleros en los diferentes municipios del país.

Así lo estableció el alto tribunal, al condenar a la Policía Nacional al pago de los perjuicios ocasionados a la Diócesis de Arauca por los daños a la iglesia, la casa cural y el colegio de la localidad de Puerto Rondón (Arauca), durante los ataques de la guerrilla de las Farc en marzo, septiembre y diciembre de 1999.

La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que es difícil para el Estado proteger de manera especial las edificaciones religiosas. Sin embargo, consideró que es necesario garantizar el respeto a la vida y a la libertad de culto.

El organismo analizó que al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prioridad de la obligación del Estado de adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado, por lo que su omisión puede comprometer la responsabilidad internacional.

Por tal motivo, el Consejo de Estado indicó que las estaciones de Policía deben tener una "ubicación especial" que no ponga en riesgo a la población civil por los ataques de la guerrilla y los demás grupos alzados en armas.