El cuerpo de generales y almirantes de la reserva activa, mediante un comunicado, le pidió al Gobierno Nacional tener en cuenta las normas de la Constitución Nacional a la hora de negociar los acuerdos con la guerrilla de las Farc. El escrito señala que el gobierno no puede “ceder ante las absurdas pretensiones de las Farc, consideradas desde el comienzo de las negociaciones como líneas rojas o inamovibles”, refiriéndose a las solicitudes que se han hecho para las zonas de concentración en condiciones que, aseguran, son inconvenientes para la seguridad nacional. También indican como necesario reconocer en la primera línea de las víctimas a los miembros de la fuerza pública que enfrentaron el conflicto armado y terminaron afectados por los grupos ilegales, al igual que sus familias. El cuerpo de generales y almirantes destaca como preocupante la excarcelación masiva de guerrilleros cuando se ha incrementado las detenciones de militares incluyendo la del general Henry William Torres Escalante, señalado como responsable de hechos como los denominados falsos positivos, “estos hechos afectan la moral de la fuerza pública”, señalaron. Finalmente en el escrito los oficiales de la reserva activa reconocieron el esfuerzo del Gobierno Nacional por terminar el conflicto armado, esperando que del proceso con las Farc se obtengan las lecciones aprendidas y se apliquen en la negociación con el ELN. Este es el comunicado: Frente a los recientes acontecimientos y al resultado de las negociaciones que se desarrollan en Cuba dentro del proceso de conversaciones que adelantan el gobierno nacional y las FARC, para poner fin al conflicto armado, el Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, después de celebrar la primera Asamblea Nacional del año 2016, se permite precisar a la opinión pública los siguientes puntos: 1- Reconocemos a la Constitución Nacional como la Carta Magna de la Nación y guía superior que define los valores supremos y nos identifica como Nación. De ella se infiere expresamente la búsqueda del bienestar de los colombianos y se deduce la necesidad imperiosa de nuestra sociedad en alcanzar la paz. 2- El ordenamiento constitucional y sus autoridades siempre tendrán el respaldo del Cuerpo de Generales y Almirantes, también en el sentido de no ceder ante las absurdas pretensiones de las FARC, consideradas desde el comienzo de las negociaciones como líneas rojas (inamovibles), tales como hacer política con armas, la impunidad, delimitar el futuro de las Fuerzas Armadas y crear zonas de ubicación (concentración) en todo el territorio nacional y bajo condiciones inconvenientes para la seguridad nacional. 3- Entendemos perfectamente la situación crítica de la economía nacional y el impacto que factores externos, así como ambientales, generan y afectan al pueblo colombiano y reconocemos los esfuerzos del gobierno por reducir y mitigar los daños. 4- Lo planteado en numerales anteriores, no significa que el proceso de negociación que adelanta el gobierno nacional en búsqueda de la terminación del conflicto, implique aceptar condiciones que a las FARC les resulten adecuadas, pero que no sean positivas para el funcionamiento del país o pongan en riesgo su Democracia. 5- Se evidencia con preocupación, el incremento de las detenciones de militares, incluyendo el reciente caso del Mayor General Henry William Torres Escalante mientras se habla de excarcelación masiva de miembros de los grupos armados. Los temas relativos al honor militar no son negociables y no se tolera el constante atropello contra la dignidad de los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia. 6- Toda nueva figura institucional de la Nación que priorice como corresponde por deber ético y político los derechos de las víctimas, debe dar relevancia al hecho de que en la primera línea de las consecuencias de un conflicto se encuentran como víctimas quienes visten con honor el uniforme de Colombia, acompañados por su entorno familiar. Es por eso que no puede haber dudas en el sentido de que los soldados son afectados principales, como lo es la ciudadanía, por parte de quienes generan la violencia mediante la impugnación armada e ilegal contra el Estado y la sociedad. 7- En consecuencia, es justo y oportuno que se considere dentro del Proceso de Paz que se adelanta, el reconocimiento de víctimas reales a los miembros de la Fuerza Pública y a sus familiares directos. Este reconocimiento debe obedecer a una motivación solidaria de los colombianos, complementaria con las obligaciones laborales establecidas por el Estado con dichos servidores. Para ello es necesario aplicar las normas establecidas y aquellas que se reglamenten. En particular, la ley 975, de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz. También la ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, de manera específica su artículo 3ro. 8- Dentro de esos miles de colombianos que vistiendo el uniforme de las Fuerza Pública han sido golpeados por el conflicto, merecen ser considerados como víctimas quienes han sido heridos y/o mutilados, como resultado del combate. Los secuestrados, los muertos en cautiverio, los heridos en los campos minados o en acciones terroristas de diversa índole, quienes fallecieron en desarrollo de operaciones, los afectados en lo psicológico por las acciones propias del servicio, los desaparecidos, así como también las familias que han perdido a sus hijos, padres y esposos de quienes cayeron en cumplimiento de su deber con la Patria. 9- Se aspira a que las lecciones aprendidas del actual proceso con las FARC, sirvan en el anunciado trámite similar que se iniciará con el ELN. Exhortamos al señor Presidente a continuar trabajando en la búsqueda de la terminación del conflicto armado que vive el país, el cual en el futuro podría llevar a la Paz.