Cargando contenido

La propuesta la había hecho Cambio Radical ante el secuestro de uno de sus aspirantes.

El país se alista para las elecciones del 27 de octubre.
El país se alista para las elecciones del 27 de octubre.
Colprensa

Aunque algunos sectores políticos como Cambio Radical, le han pedido al Gobierno Nacional suspender las elecciones en algunos municipios que son considerados de alto riesgo para los candidatos, esa posibilidad no ha sido considerada. 

Fuentes del alto Gobierno informaron que el cronograma electoral no será modificado y que se están adelantando todos los esfuerzos para proteger la vida de los líderes políticos. 

Le puede interesar - "Hay un largo camino por recorrer": ONU sobre mujeres en la política colombiana

Esta propuesta había vuelto a revivir tras el asesinato de Bernardo Betancurt Orozco, candidato a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander), por el Partido Conservador. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la medida no es necesaria. 

El Ministerio de Interior ha informado que se han presentado cerca de 500 solicitudes de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Hasta el momento se han entregado alrededor de 400 medidas a los aspirantes que lo han necesitado. 

El más reciente reporte indica que 57 candidatos a Gobernaciones, 17 candidatos a Asambleas Departamentales, 206 aspirantes a Alcaldías, 107 candidatos al Concejo y 5 a las Juntas Administradoras Locales, tienen esquemas de protección. 

Varios organismos como la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo se encuentran en máxima alerta ante el incremento de la violencia política en los territorios. 

Lea también: Proyecto busca exonerar de impuestos premios ganados por deportistas

Según la Defensoría, hay 402 municipios que están en riesgo, los cuales están ubicados en departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, la Guajira, Meta y Valle del Cauca. 

La Fiscalía General de la Nación también ha desplegado todo un dispositivo para recibir las denuncias de la ciudadanía sobre presuntas irregularidades electorales y amenazas contra los diferentes candidatos. Alrededor de 60 fiscales de las 35 seccionales de administración pública, atienden las quejas de la ciudadanía.

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido