Gobierno presentó la Ley que depura las normas anacrónicas en el país

El presidente Iván Duque presentó este lunes la Ley 2085 de 2021, por medio de la cual buscan hacer depuración de más de 11.000 cuerpos normativos, expedidos desde 1886 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Además, la legislación decide la pérdida de vigencia y deroga normas de rango legal, bajo la coordinación de la Dirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

De acuerdo con el mandatario, la Ley brinda herramientas para determinar cuáles se encuentran efectivamente vigentes y con capacidad de producir efectos jurídicos, y cuáles, por el contrario, habrían dejado de estar vigentes para proceder a derogarlas definitivamente o dar certeza sobre el final de la vigencia de las mismas. 

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"El objeto de la Ley es la expulsión definitiva del ordenamiento jurídico colombiano de cuerpos normativos completos, de rango legal, considerados como anacrónicos, obsoletos o en desuso, así como de aquellos que vulneran las normas constitucionales. Con ello, se permite fortalecer el sistema normativo para brindar un mayor grado de seguridad jurídica para los ciudadanos", manifestó el mandatario. 

Y expresó que con la Ley, "se derogan expresamente 608 normas de rango legal, por presentarse el fenómeno jurídico de la obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente". 

Para la ejecución de esta medida, la normativa contempla que los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales "deberán determinar las normas administrativas, de carácter general y abstracto del sector correspondiente, respecto de las cuales haya operado la pérdida de fuerza ejecutoria por haberse derogado expresamente su fundamento jurídico como resultado de la depuración efectuada en esta ley, y procederán a dejarlas sin efectos mediante otras normas del mismo rango jerárquico". 

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El mandatario también señaló que traerá beneficios a los ciudadanos como "la actualización o adecuación a la realidad jurídica, económica, cultural e histórica, entre otras, de las normas expedidas, con el objetivo de lograr los fines para los cuales se dictan en todas las esferas de la estructura del Estado y las relaciones con las personas".  

Permite al servidor público, como instrumento, conocer cuáles son sus competencias y las sanciones por violar las normas, por omisión o extralimitación de funciones, entre otros.