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La Corte Constitucional estudia una demanda contra la Ley de Financiamiento; se fijó un término para la entrega de la información.

Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras la Ley de Financiamiento.
Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras la Ley de Financiamiento.
Cortesía

Hasta el próximo 4 de octubre el Gobierno Nacional, la Contraloría y otras entidades del Estado, tienen plazo para entregar a la Corte Constitucional el estudio del impacto económico sobre las finanzas públicas que tendría la implementación de la Ley de Financiamiento que fue demandada. 

El plazo establecido por el alto tribunal, incluye la entrega de documentos y pruebas por parte del ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF,  y expertos en finanzas de seis universidades, entre las que se encuentran, la Sabana, la Javeriana y los Andes.

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La solicitud permite a la Corte Constitucional evaluar y decidir sobre la demanda que pide tumbar la Ley de Financiamiento. El auto firmado por el magistrado Alejandro Linares le pide a las entidades y a las universidades un análisis sobre las estimaciones de recaudo para de los próximos cuatro años.

Asimismo, solicita un estudio sobre los posibles escenarios  en materia económica para el país frente a tres posibilidades: la aprobación de la ley, nulidad de la misma o la aprobación parcial “con expulsión del ordenamiento jurídico del parágrafo 7° del artículo 80 de la Ley”. 

La documentación y los estudios que sean entregados a la Corte Constitucional, también deberán tener una estimación de los recaudos esperados de ingresos tributarios en los impuestos de IVA plurifásico cervezas, impuesto al consumo de bienes inmuebles, tarifas de impuestos sobre la renta y el impuesto al patrimonio. 

La Corte Constitucional reanudará el estudio de la demanda contra la ley el próximo 14 de octubre, cuando tenga en sus manos el análisis de las entidades competentes sobre los impactos fiscales. 

La discusión será fundamental para el futuro de la economía en los próximos años; de hecho el procurador Fernando Carrillo lanzó un salvavidas a la ley, debido a las recientes críticas, señalando que no hubo vicios de trámite en su paso por el Congreso de la República.

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Contrario a lo que han dicho varios demandantes como el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras quien cuestionó la aprobación del articulado a “pupitrazo” en la Cámara de Representantes, cuando el Senado no había publicado en la gaceta el texto final de la norma. 

Sin embargo, ese podría ser un punto menor en el debate. Lo que se dice, es que la ponencia del magistrado Alejando Linares plantea tumbar parte del articulado porque según algunos expertos, el recaudo iría de forma descendente en los próximos años, en parte por la rebaja a los impuesto que pagan las empresas. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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