Gobierno y mandatarios regionales no se ponen de acuerdo en proteger a líderes sociales

Alcaldes y Gobernadores del país no han logrado ponerse de acuerdo con el Gobierno Nacional sobre en quién recae la responsabilidad de proteger a los líderes sociales amenazados.

Y aunque las dos partes se apoyan en el Decreto 6060, que establece mecanismos para que dicha protección se dé, cada una parece dar su propia interpretación a la norma. 

Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la protección a líderes sociales amenazados es responsabilidad exclusiva de los alcaldes y gobernadores.

“Siendo los gobernadores y alcaldes los conocedores de las dinámicas locales y el primer punto de contacto con las comunidades y organizaciones, es vital su aporte y participación activa en la construcción, implementación y seguimiento de estas medidas”, señaló el ministro Rivera.

Y añade: “La responsabilidad y tarea provienen del Decreto 6060 que estableció un sistema de protección integral”.

Sin embargo, tanto alcaldes como gobernadores aseguran que la norma (Decreto 6060) también establece la participación del Estado.  

Gobierno no puede delegar: mandatarios

Felipe Córdoba, Director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), dijo que el Gobierno no puede delegar la protección de líderes amenazados.

Aseguró que “es muy importante entender, según el pronunciamiento del Ministro del Interior, que la norma no delega la responsabilidad exclusivamente en Gobernadores y alcaldes". 

Según Córdoba, el decreto establece que debe haber colaboración entre el Estado y las entidades territoriales y dice que “es importante que ese sistema de protección integral tenga en cuenta que el Ejército y la Policía dependen de la Nación". 

Tanto gobernadores como alcaldes se comprometieron a “apoyar, ayudar, levantar alertas tempranas y coordinar acciones”.

No obstante, reiteran que “que la responsabilidad no puede recaer en ellos. Además, advierten que "las gobernaciones no tienen los recursos suficientes para tener Unidades de Protección en los departamentos”. 

La posición del ministro Rivera frente al tema se da en medio de nuevos casos de amenazas e intimidaciones de diferentes grupos y organizaciones criminales, entre ellos las denominadas ‘Águilas Negras’.  

La Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pidieron al Gobierno, a través de un documento, "que asuma la responsabilidad que implica la protección de líderes sociales, periodistas y representantes de la autoridad que han venido recibiendo amenazas de muerte”.

En el texto hacen énfasis en que ellos también están siendo víctimas de amenazas, como en el caso del Gobernador de Nariño, Camilo Romero. 

Los dirigentes regionales confirmaron su compromiso en articular acciones, informar oportunamente las alertas y “generar sinergias con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la UNP, para garantizar el derecho a la vida de los líderes sociales”.