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Desde el 26 de abril la Defensoría había enviado un oficio al Gobierno sobre la grave situación.

Carlos Negret, defensor del pueblo
Carlos Negret, defensor del pueblo, pide mayor protección a los líderes sociales.
Colprensa

La Defensoría del Pueblo reveló un documento al que le adjunto cuatro informes con los que demuestra que el pasado 26 de abril había alertado al Gobierno sobre el incremento de las amenazas en el departamento del Cauca.

La información fue revelada luego del atentado en contra de la reconocida lideresa afrocolombiana, Francia Márquez, en el que dos escoltas resultaron heridos en Santander de Quilichao.

A través de un documento de seis páginas, la Defensoría alertó a Fabio Beltrán Parra, subdirector para la seguridad y la convivencia ciudadana, del Ministerio del Interior, del alto índice de amenazas que se venía presentando al interior de ese departamento.

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“Informo a través del presente oficio, la grave situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de los miembros de organizaciones sociales, mesas de participación de víctimas, líderes, lideresas, defensores, y defensoras de los derechos humanos en el departamento del Cauca que vienen siendo amenazados por la circulación de panfletos..., dice parte del documento que tiene un subtítulo resaltado de urgente.

Con el oficio la Defensoría también advirtió que el “riesgo ha sido advertido mediante múltiples alertas” y menciona los cuatro documentos con los que había lanzado la alerta.

Uno de los informes sellado con fecha del 28 de agosto del 2018, muestra, por ejemplo que, en Corinto más de 19 mil personas permanecían con algún tipo de riesgo y en Caloto y varios de sus corregimientos había alerta por más de 18 mil habitantes de la región.

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La recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo el dominios de las Farc, la persistencia de otros armados ilegales, los avances en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fueron los aspectos identificados por la Defensoría dentro de la alerta temprana.

En cuanto al Cauca en general, la oficina del Defensor Carlos Negret, aseguró que “1) Persiste la disputa territorial por diversos grupos armados al margen de la ley, dividiéndose el territorio, instalando fronteras invisibles... 2) Economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal que permanecen y son fortalecidas por nuevos actores, 3) El lento avance de la implementación de a los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc… 4) la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad que profundizan las condiciones estructurales...”.

La entidad también reveló que durante el 2019 se han identificado 12 panfletos amenazantes que se suman a los 55 que circularon el año anterior.

El contenido de los panfletos refleja la intención de generar terror y acallar las exigencias colectivas que representan los actores mencionados.

Las cifras sobre amenazas

En un posterior comunicado, la propia Defensoría del Pueblo, reveló las cifras de los líderes amenazados en el país desde marzo del 2018 hasta el mismo mes del 2019 que estuvieron marcadas por un incremento preocupante del 47%.

Además, hay un alto incremento significativo de las amenazas  del 47%, es decir, 982 amenazas registradas entre marzo de 2018 y febrero de 2019.

La Defensoría del Pueblo verificó que 209 líderes comunales han sido sujetos de conductas vulneratorias como amenazas, homicidios, atentados o desaparición.

“Líderes y lideresas comunales: esta es su Mesa por la Vida. Acá estamos las instituciones y el Estado en pleno que no dudará en adoptar todas las medidas que correspondan para que ustedes puedan desarrollar sus labores en entornos protectores, con garantías para la defensa de los derechos humanos, para seguir en la ardua labor que tienen en la promoción de la democracia y la paz, que al final son la meta que todos y todas perseguimos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

La población mayormente afectada son líderes y defensores de derechos humanos vinculados a los procesos de base territorial, como dignatarios de las juntas de acción comunal, campesinos o étnicos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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