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Graves daños ambientales serían provocados por proyectos hidroeléctricos: Defensoría



La delegada para los Derechos Colectivos y el Medio Ambiente, Martha Lucía Alonso, aseguró que los proyectos de generación hidroeléctrica que se desarrollan en al menos 7 departamentos del país están provocando graves daños ambientales.

Las consecuencias que se podrían generar se evidenciaron en un diagnóstico basado en la perspectiva de los Derechos Humanos y el impacto ambiental realizado por la entidad.

"Para el organismo de control resulta claro que el seguimiento y control de las autoridades competentes en esta materia es insuficiente, y ello se traduce en circunstancias reveladoras como la emisión de olores ofensivos por acumulación de biomasa, la infiltración y pérdida de fuentes hídricas superficiales y subterráneas con el consecuente resecamiento de la tierra y la disminución de la productividad y la asimetría entre las condiciones sociales de las comunidades", señaló Alonso.

Entre los proyectos que se valoraron por cuenta del Ministerio Público se encuentra Betania, Chivor y El Guavio, los cuales tienen 10 años de funcionamiento con base en las variables de operador, Porce III, Amoyá, La Esperanza, Sogamoso y El Quimbo con menos de 10 años de funcionamiento, al igual que Ituango, el cual se encuentra en etapa de construcción.

La defensora de temas ambientales además manifestó su preocupación por las reiterativas modificaciones de las licencias ambientales en estos proyectos.

"La que más reportes acumula es El Quimbo con un récord de 117 modificaciones, Amoyá con 14, Ituango, que pese a estar en alistamiento y tener una influencia sobre 11 municipios de Antioquia, completa 13 modificaciones, Porce III con 11 novedades, Betania con 10 y Sogamoso con nueve en total" , señaló Martha Lucía Alonso.

El organismo de control planteó 14 recomendaciones puntuales a 8 instituciones del Estado, incluidos los Ministerios de Minas y Energía, y Medio Ambiente, a la vez que solicitó a la Contraloría General de la República revisar la destinación de los recursos que van a las Alcaldías y a las Corporaciones Autónomas Regionales.