Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Economía
Funcionarios evaluando números
Ingimage (Referencia)

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se pronunció respecto a la auditoria realizada por la Contraloría, que denunció presuntas irregularidades en los manejos financieros, y sostuvo que hay "interpretaciones inexactas".

“Son afirmaciones graves, con las cuales no podemos estar de acuerdo. En el comunicado es evidente la intencionalidad de descalificar y desinformar sobre las corporaciones, con afirmaciones que empañan la buena gestión que adelantan en sus regiones, lo que hace mucho daño y deslegitima ante la opinión pública a las CAR", dijo Ramón Leal, director ejecutivo de Asocar.

Añadió que las "CAR son las entidades ambientales que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas ambientales, están y actúan en el territorio".

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) más grandes del país, que manejaron recursos por casi 4 billones de pesos en el 2017, evidenció que 10 entidades presentan graves deficiencias en el manejo de los dineros públicos.

En el primer semestre del presente año se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales 72 mil millones de pesos corresponden a la CAR Cundinamarca.

En dicha entidad, según la Contraloría, se evidencia una baja ejecución presupuestal y una marcada concentración de los contratos.

Para Asocar, "es inexacto decir que 10 CAR manejaron recursos por casi $4 billones en 2017, cuando en total las 33 CAR alcanzan 2.5 billones, de los cuales más del 50% tienen una destinación específica".

Leal emitió un comunicado en el que explica los hallazgos de la Contraloría, por el supuesto despilfarro de dinero y la concentración de contratos de estas autoridades ambientales. 

Autonomía

La Contraloría afirmó que "la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente”.

En ese sentido, Asocar aclaró que "los alcaldes y gobernadores no son quienes exclusivamente eligen a los directores, ya que también hacen parte de este órgano de dirección representantes del presidente de la República, del ministro, sectores productivos, representantes de comunidades negras e indígenas, y demás actores regionales".

Corporación Autónoma Regional del Tolima

Para Cortolima, los hallazgos y observaciones de carácter administrativo y fiscal son de aproximadamente 2.800 millones de pesos, que "están focalizados a la imposibilidad de cobrar el instrumento financiero denominado, Tasa por Uso de Agua (TUA) a un distrito de riego que no ha querido formalizar la correspondiente concesión de agua ante la autoridad ambiental regional".

Además asegura que la prescripción de un proceso de jurisdicción coactiva en contra de un infractor por adelantar actividades mineras en forma ilegal en el municipio de Ataco (Tolima) que, por carencias en su proceso de notificación, el infractor no adelantó los pagos de las correspondientes multas ante Cortolima.

'En la CVC no se ha perdido un solo peso'

La Contraloría manifiesta que “no tiene sustento claro y justificado, el manejo que ha venido dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a los $1,2 billones de pesos, que hace más de dos décadas entregaron el Gobierno Nacional”, al respecto el director de la CVC Rubén Darío Materón afirma que “No es cierto que el Gobierno Nacional haya entregado tales recursos a la CVC. Los $1.2 billones son producto de la venta de las acciones de EPSA, como compensación por los activos entregados y del componente ambiental de Salvajina. Por lo tanto, estos recursos son de los vallecaucanos y sus rendimientos se invierten cada año en el Valle del Cauca.

Y añade: "así como tampoco es cierto que se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional (…) convirtiéndose más en una corporación financiera”. La CVC en cumplimiento del Decreto 1275 de 1994 debe mantener estos recursos en fondos de alta rentabilidad. Además, contradictoriamente fue la misma Contraloría la que recomendó a la CVC, en la auditoría realizada a la gestión del año 2007, mantener la política de preservación del capital para no perder valor, ni generar déficit operacional".

Según la Contraloría “se pierde la posibilidad de hacer inversiones en temas ambientales para los cuales deberían ser destinados”, a lo que Materón señala que en el actual Plan de Acción 2016 – 2019, se están invirtiendo recursos del orden de $1 billón, destacándose proyectos como el reforzamiento del jarillón del río Cauca a su paso por Cali, obras de control de inundaciones para La Victoria, Cartago y Bugalagrande; los proyectos de construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Palmira, Jamundí y Yumbo, entre otros. 

Corporación Autónoma de Risaralda responde a la Contraloría

La Corporación señaló que "en dicho documento (auditoria de la Contraloría) no se evidenciaron actuaciones que permitan asegurar que hubo una desviación y/o apropiación inadecuada de recursos por parte de terceros, motivo por el cual ninguno de los hallazgos tiene connotación penal.

En términos generales esta autoridad ambiental considera que, "las apreciaciones de la Contraloría discrepan de la realidad institucional, de los resultados y logros en la gestión ambiental". 

Fuente

Sistema Integrado de Información.

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.