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Erradicación de cultivos de coca en Colombia
AFP

Las organizaciones Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights confirmaron haber presentado un amicus curiae como terceros independientes ante la Corte Constitucional de Colombia para que se investigue con urgencia y de forma independiente la muerte de siete manifestantes en el departamento de Nariño en 2017, a manos de agentes de policía.

En el escrito, dado a conocer por José Miguel Vivanco, pide a Colombia que se garanticen "investigaciones independientes e imparciales en contra de los agentes de policía presuntamente responsables por el homicidio de siete manifestantes durante una protesta ocurrida en octubre de 2017" pues "cuatro años después de la “masacre de El Tandil”, el caso continúa impune". 

Piden además a la Corte Constitucional que esta investigación "se adelante en la justicia penal ordinaria—no en la justicia penal militar, donde se encuentra actualmente" y en ese mismo sentido, recuerda al Estado colombiano su obligación de "proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica" y de llevar a la víctimas a que hallen justicia por sus caso. 

Cuenta HRW que las investigaciones sobre esta masacre "ha estado marcada por mentiras y demoras” debido a que, primero, las autoridades colombianas habrían dicho que "los manifestantes habían muerto luego de que el Frente Oliver Sinisterra (...) lanzara “al menos cinco cilindros bomba” y luego “atacar[a] con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras” a manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad". 

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Luego, cita la ONG, "la Defensoría del Pueblo visitó la zona y obtuvo testimonios de testigos que señalaron que el Frente Oliver Sinisterra no había atacado a los manifestantes y que, por el contrario estos “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”". 

Estos hechos se dieron en medio de protestas de la población de El Tandil "contra la erradicación forzada de coca y las demoras en la implementación de planes previstos en el acuerdo de paz con las FARC", dicen las organizaciones internacionales. 

Human Rights Watch asegura que el gobierno del presidente Iván Duque le informó en 2020 que "47 personas involucradas en la sustitución de cultivos habían sido asesinadas desde 2019. Varios más han sido asesinados en 2021". 

Pero también recuerda haber documentado "evidencias que vinculan a la policía en al menos 25 homicidios, decenas de casos de golpizas, cientos de detenciones arbitrarias y algunos casos de violencia sexual" en las manifestaciones registradas este 2021 en el marco del paro nacional. 

En ese sentido, el texto de las organizaciones llama a que Colombia tome "medidas urgentes para proteger los derechos de los manifestantes, así como de los campesinos vulnerables que frecuentemente cultivan coca bajo presión de grupos armados". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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