ICBF verifica casos de violencia sexual contra niños indígenas en Guaviare

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  Concepción Baracaldo, se desplazó este sábado hacia San José del Guaviare, con el objetivo de sumarse a la comisión especial de la dignidad y protección integral para niñez indígena que solicitó crear el presidente Gustavo Petro, tras conocer presuntos casos de abusos sexuales cometidos por miembros del Ejército Nacional contra niños, niñas y adolescentes en esa región. 

Atendiendo la indicación del presidente, la directora del ICBF revisará urgentemente las denuncias por presunta violencia sexual cometida contra menores de este departamento del oriente colombiano.

En articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y  la Consejería Presidencial para las Regiones, la comisión especial del ICBF buscará esclarecer estos supuestos casos que se habrían presentado particularmente en las comunidades indígenas Nukak y JIW, que residen en esta zona del país.

Precisamente, una de las denuncias que están revisando estas entidades tiene que ver con una investigación que abrió la Procuraduría contra seis militares, por una presunta violación a una  menor de 15 años que hace parte de la comunidad indígena Nukak.

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Por ahora, estas entidades están concentradas en los casos que han sido denunciados en los últimos días, ya que en el municipio de San José del Guaviare se reportan por semana cuatro casos de menores indígenas violadas a manos de militares colombianos y extranjeros, según reveló una investigación adelantada por Univisión en esa zona del territorio colombiano.

Ante la grave situación que se presenta con estas menores indígenas, el procurador regional del Guaviare, Michael Steven Torres, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF), la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía municipal y la Comisaría de Familia, entregar un informe detallado de las estrategias implementadas para mitigar la explotación sexual y violencia sexual de menores pertenecientes a estas etnias indígenas. 

De igual forma, el procurador solicitó a estas entidades un informe de los planes para mitigar el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores pertenecientes a las etnias JIW y NUKAK, residentes en el municipio de San José del Guaviare. 

En el oficio enviado a estas cinco entidades, la Procuraduría Regional del Guaviare también pidió un informe de cuántas denuncias de hechos relacionados con explotación sexual y violencia sexual de menores  pertenecientes a las etnias JIW y NUKAK se han recibido durante los últimos tres años, y a su vez, el órgano de control pidió se señale si se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos. 

A las peticiones del Procurador regional del Guaviare, se suman las de la Defensoría del Pueblo, entidad que  llamó la atención a entidades del Estado por la falta de respuesta a vulneraciones de comunidades en Guaviare

Y es que durante todo el 2022, desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo instauró  más de 300 acciones jurídicas por diferentes vulneraciones a los derechos de la población indígena, especialmente los pueblos indígenas Jiw y Nükak.

Por esta razón, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado de atención a las entidades gubernamentales del orden regional y nacional. 

“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el rechazo a todo hecho que atente contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que son sujetos de especial protección constitucional para lo cual todas las entidades del Estado Colombiano deben aunar esfuerzos y mostrar un compromiso real que evite la vulneración de sus derechos”, aseguró Carlos Camargo.

Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, no se han adoptado medidas que permitan su prevención. Por esta razón, un equipo nacional de las Delegadas para la Niñez y para la Mujer han venido adelantado esta semana una labor especial de verificación de la situación actual de los niños y niñas en esa región del país. 

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Los resultados del trabajo adelantado por el equipo de la Defensoría del Pueblo será presentado en un informe especial que será presentado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, para buscar la garantía de los derechos de la población en ese departamento.

“Nuevamente instamos a las instituciones llamadas a garantizar los derechos de esta población, particularmente a la Gobernación del Guaviare, a la alcaldía de San José del Guaviare, a la Unidad para las Víctimas, al ICBF, a la Agencia Nacional de Tierras y a los ministerios de Educación, Salud y Defensa, entre otras, para que de manera urgente y sin dilaciones actúen para el restablecimiento de los derechos, en especial a la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual, y así asegurar de esta manera la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de igual forma con los pueblos Sikuani, Tucano y Karijona.