Incumplimiento de promesas propicia migración indígena a grandes ciudades

Elsa Gladys Cifuentes, defensora del Pueblo en Risaralda, aseguró que los nuevos desplazamientos de comunidades indígenas a ciudades como Bogotá y Cali, se presenta debido a los incumplimientos de las promesas de retorno hechas por los gobiernos nacional y departamental, con lo cual se ha descuidado el desarrollo de los resguardos.

Para la representante del Ministerio Público, es natural que ante dicha situación, estas comunidades opten por desplazarse de nuevo hacia otras regiones del país, teniendo en cuenta que sus vías están acabadas, que el acceso a la salud y a la educación es complejo y que además de todo, se sienten abandonados. 

“Podemos decir que las promesas que les hicieron a las comunidades indígenas, no se han cumplido. Desafortunadamente, se está acabando esta administración y no se tiene una respuesta clara a sus necesidades”, señaló Cifuentes.

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La Defensora del Pueblo en Risaralda indicó además que luego de hacer un recorrido por algunas zonas de influencia de comunidades indígenas, se constató que los caminos ancestrales de éstas, están prácticamente desaparecidos y que los puentes que les habían prometido, ni los han hecho, ni se han mejorado los actuales.

Según Cifuentes, estas situaciones, sumadas a las dificultades para el acceso a la salud y la educación, ayudan a que crezca la posibilidad de su éxodo a otras zonas del país.

“Significa que la población indígena, principalmente las mujeres y la niñez indígena, no tienen acceso real a la salud, ya que para ir a una cita médica, generalmente llegan deshidratados, debido a todo lo que deben recorrer a pie o mula por caminos que cada vez están más dañado; así como en temas de educación su principal dificultad son las grandes distancias que deben recorrer para ir a una escuela”, puntualizó la Defensora del Pueblo risaraldense.

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De acuerdo con la representante del Ministerio Público, otra de las razones que ha motivado la salida de los indígenas de sus territorios ancestrales, es la falta de proyectos productivos que garanticen su seguridad alimentaria de estas comunidades.   

Precisó la Defensora del Pueblo en Risaralda que los incumplimientos del Gobierno con los indígenas y la falta de garantías, se pueden tipificar como una evidente vulneración de derechos fundamentales.