Incumplir acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos llevaría a paro cocalero

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) le hizo una serie de recomendaciones al presidente Iván Duque, ante el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, el deterioro de la seguridad y los rezagos en la erradicación voluntaria.

Ideas para la Paz enumera ocho retos que tiene el nuevo Gobierno en esa materia, dentro de los que se destaca el de reconocer los compromisos que el Estado ha adquirido con las comunidades en las diferentes regiones del país.

La Fundación advierte que si no se cumplen los compromisos pactados con las diferentes comunidades, cuyo sustento deriva de los cultivos ilícitos, podría desencadenarse  una marcha cocalera

Advierte además, que otras consecuencias podrían ser la reactivación de la siembra de cultivos de coca; la pérdida de confianza hacia el Estado y la movilización social en un escenario donde podría haber una nueva marcha cocalera. 

"La relación que establezca el nuevo gobierno con las comunidades que se encuentran en las zonas con cultivos de coca, tiene como trasfondo la acumulación de compromisos y promesas no cumplidas. En núcleos de producción como Nariño, Putumayo o el Catatumbo, diferentes administraciones han llegado a acuerdos cuya materialización ha quedado a medio camino o no se ha sostenido a través del tiempo. De las 123.225 familias en acuerdos colectivos, 33% no han sido vinculadas al programa", dice la FIP.

Otros de los retos del nuevo Gobierno, según la FIP, serán continuar con la sustitución de cultivos en medio de la percepción del fracaso y hacer que esta política sea económicamente sostenible. También deberá responder al deterioro de las condiciones de seguridad y la amenaza de los grupos armados ilegales en las zonas cocaleras.

Así mismo, el Gobierno Duque deberá, según la Fundación, tomar una decisión sobre el esquema de subsidios que se les otorga a las familias vinculadas al programa, "teniendo en cuenta que el 82% de las familias que comenzaron el ciclo de pagos no lo han terminado y el 37% no han comenzado a recibirlo".

El informe de la FIP además da un panorama en cifras. Señala que unas 83.mil familias adquirieron el compromiso de erradicar voluntariamente 49.049 hectáreas de coca.

Menciona además que de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, hasta el pasado 20 de agosto fueron erradicadas voluntariamente 20.945 hectáreas de coca, y otras 5.374 con la asistencia de las Fuerzas Militares.

"Esto quiere decir que al finalizar la administración de Juan Manuel Santos, se erradicaron voluntariamente 26.219 hectáreas, el 14.5% de los cultivos de coca que había en Colombia en 2017 (tomando como base la cifra de 180.000 hectáreas dada por el Ministerio de Defensa)", señala la FIP.

Finalmente, la FIP manifiesta que los mensajes del gobierno han sido contradictorios, pues  mientras en su discurso de posesión el Mandatario afirmó que la sustitución debe hacerse de la mano con las comunidades, poniendo en marcha proyectos productivos y garantizando el acceso a bienes públicos, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que la erradicación será obligatoria y no se descarta que regrese la aspersión con glifosato.