Luego de las denuncias sobre irregularidades en el proceso de contratación e implementación de los brazaletes electrónicos para los internos que tienen casa por cárcel, la Contraloría General de la República decidió abrir una indagación preliminar para establecer con certeza un posible daño al patrimonio público que superaría los 19 mil millones de pesos.

La Indagación preliminar busca confirmar un eventual pago en exceso que se hizo al contratista, "pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados (1.355 dispositivos).

La Contraloría evidenció que mediante otrosíes fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor fue adicionado en $7.222 millones sin que dentro del plazo de seis meses se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva.

Según recalcó el organismo de vigilancia, lo que se pretende es aclarar si este pago en exceso se configura en un daño patrimonial, por pagar servicios no recibidos.

Así mismo, la Contraloría busca confirmar si se presentó alguna irregularidad en la urgencia manifiesta que se decretó, el 28 de enero de 2016, por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, "para contratar directamente la prestación del servicio de vigilancia electrónica, por $19.458 millones".

Más denuncias

De igual forma, la Contraloría investiga algunas denuncias que han sido radicadas durante el presente año, sobre una deficiente supervisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al uso de los equipos de vigilancia electrónica.

"Según las denuncias, el servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta", apuntó el organismo.