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Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
AFP

Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe de observaciones y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el marco del paro nacional, tras la visita de una se sus comitivas al país el pasado 8, 9 y 10 de junio. 

Tras escuchar a más de 500 personas y recibir 302 testimonios individuales y colectivos, la CIDH identificó que hubo "uso desproporcionado de la fuerza; violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar". 

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Pero además recibir testimonios, la CIDH recibió cifras de todos los sectores, incluyendo el Gobierno, de las víctimas y afectaciones en el marco del paro. 

Cifras inconsistentes

Sobre esto, la CIDH consideró preocupante que hubiese hallado "inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas".

Para la Comisión, esas inconsistencias "pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades" y por eso mismo cree que el Estado "debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil". 

La CIDH aseguró haber recibido denuncias sobre "la falta de publicidad de los criterios utilizados por la Fiscalía para establecer cuáles muertes estarían vinculadas con las protestas y cuáles no". 

Recordó entonces la Comisión en su informe que "el derecho de acceso a la información pública impone a los Estados, entre otros, el deber de proporcionar información fidedigna y desagregada". 

Uso excesivo de la fuerza

El informe presentado por el organismo asegura que se pudo constatar que "en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal".

Eso lo pudieron cotejar los comisionados enviados a Colombia con los audios, videos, fotografías a los que tuvieron acceso, así como en las reuniones con los organismos estatales, no estatales y en la escucha de los testimonios de distintos sectores.

La Comisión recordó en ese sentido que existen protocolos del uso de la fuerza pública y que estos "deben responder a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", sobre todo en escenarios complejos. 

Pide la CIDH que en esos casos difíciles, se individualicen a los actores violentos y se distingan "respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación". 

Bloqueos

La Comisión recordó que en un informe anterior sobre "Protesta y Derechos Humanos", había considerado que "la protesta social puede manifestarse de muy diversas formas y en las Américas se conocen algunas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias" y que "las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos". 

Al respecto, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, reconoció en rueda de prensa que "ciertos cortes han derivado en un profundo malestar y agotamiento en representantes del Estado, cuerpos policiales y la sociedad civil", y condena que "algunos de los bloqueos hayan afectado la vida, provisión de alimentos y otros derechos esenciales". 

Sin embargo fue enfática en que estas afectaciones no pueden hacer que el estado "desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta", y así mismo lo consigna el informe. 

El relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, aseguró que si bien identificaron bloqueo que afectaron la vida y derechos esenciales, también identificaron otros que no tuvieron el mismo impacto y que, en todos los casos, al Estado le corresponde constatar la gravedad de las afectaciones y que eventuales restricciones deben atender siempre "al principio de legalidad, que persigan un fin legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática".

Sin embargo, la CIDH insistió en que no se puede prohibir ninguna modalidad de protestas, que en el caso colombiano, según dijo Vaca, no tuvo como modalidad central el bloqueo.  

Recomendaciones

La Comisión hizo en general 40 recomendaciones, entre ellas que el Estado colombiano se abstenga "de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas". 

Pide que se promueva y refuerce "un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores". 

Sobre el derecho a la protestas, la CIDH pide "respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población". 

Respecto al uso excesivo de la fuerza, la Comisión considera que se debe "separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares". 

La CIDH pide también "implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas". 

Sobre el uso de la figura de traslado de protección, el texto recomienda que esto se restrinja solo "a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policia y Convivencia Ciudadana".

También considera el informe que es necesario "abstenerse de utilizar dicha figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones". 

El comisionado Stuart Ralón se refirió a este punto en rueda de prensa y dijo que "se recibieron testimonios que denunciaban violaciones a los derechos humanos en esas detenciones, pero también falencias los registros de ingreso y salida de esas detenciones, y a lo que la CIDH invita es a que no se abuse de esa figura, que se especifiquen controles de registro, se respete el debido proceso". 

Pide la CIDH que se cree una comisión especial para hallar a las personas que siguen reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los familiares. 

Tras las denuncias de violaciones a la libertad de prensa, el informe de recomendaciones de la Comisión pide "el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación" y que, por otro lado, se garantice "el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura". 

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El texto menciona también que se deben eliminar todas las actividades que desde las autoridades busquen categorizar los contenidos informativos como “falsos” o “verdaderos” y asimismo, "abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas". 

El organismo cierra su informe confirmando que mantendrá un monitoreo al desarrollo de las protestas y que está en disposición de "brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones". Para ello, como lo anunció la presidenta Urrejola, se instalará un "Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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