El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) elaboraron un informe sobre la incidencia en el aumento de ataques a lideres defensores de territorios, en lugares en que confluye el Estado y empresas sobre todo de carácter extractivo. “En un contexto de post-conflicto en el que numerosas entidades han alertado sobre el incremento de los ataques contra las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente trabajando en contextos de empresas extractivas, el informe ‘Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas’, a través de tres casos emblemáticos describe la relación entre el Estado, las empresas y los ataques que sufren las personas y grupos defensores del territorio y del ambiente” Según Jomary Ortegón, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), aseguró que el informe busca demostrar cómo está afectando a las comunidades y defensores del territorio, en lugares donde principalmente se han ubicado empresas del sector extractivo. “El estado ha jugado un papel de no intervención para subsanar la simetría que existe entre los defensores, los procesos organizativos y las empresas, entonces los defensores tienen que casi actuar frente al Estado para que este los defienda y trabajar frente a las empresas para que estas no violen los derechos territoriales, cuando se espera que las autoridades estatales sean árbitros que medien en estos casos”, dijo Ortegón. Aseguró también que las empresas han intervenido de manera directa contra defensores y defensoras, agresión y hostigamiento contra ellos. En estos casos Jomary indicó que el informe presenta las empresas que están teniendo este tipo de conductas frente a los líderes. “En el caso del Meta la empresa Pacific Rubiales, del sector petrolero, en el caso de Asoquimbo sector hidroeléctrico la empresas Emgesa y en el caso de Catatumbo se destaca la actuación de ConocoPhillips y EcoOro Minerals, para ellas se elaboraron unas recomendaciones en este informe”, señaló. Ante la situación se hizo llamado al Estado colombiano para que se refuercen los mecanismos de protección de estos líderes y se desarrolle de manera oportuna acciones que puedan contribuir con esta protección y quedaron establecidas en el acuerdo de La Habana. “El Estado colombiano debe reforzar los mecanismos de protección, que deben actuar con mayor eficacia para prevenir las diferentes agresiones que sufren estas personas y evitar que se traduzcan en asesinatos. También se hace un llamado a los actores empresariales a que reconozcan y se abstengan de obstaculizar el trabajo legítimo de los defensores del territorios”, sostuvo el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.