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Investigaciones de la Sala Disciplinaria avanzan después de los llamados del procurador Fernando Carrillo por los 'carteles de la salud'.

Salud. Imagen de referencia.
Foto referencial salud.
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La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura le puso la lupa a los jueces que emiten fallos que al parecer afectan los servicios de la salud y la prestación del servicio a todos los usuarios. 

El caso más reciente, que ya se encuentra en investigación preliminar, es un fallo que ordenó embargar los dineros de la salud por más de 4.000 millones de pesos, al parecer para favorecer a la empresa Biomedical. 

Ese fallo estuvo a cargo del juez primero civil del circuito de Bogotá, Gamal Mohammad Otham, quien es investigado por el magistrado de la seccional disciplinaria Antonio Suarez Niño. 

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Para ordenar dicho embargo de dinero, el juez indicó que “la venta y dispensación de medicamentos no son parte del sistema de salud”.

Otra investigación reciente es la que se adelanta contra el juez único civil del circuito de Girardot, por presuntas irregularidades en un fallo de tutela que autorizó a la Secretaria de Salud de Cundinamarca retirar el servicio de salud a la Clinica San Sebastián de Girardot y al contrario entregarle ese contrato a la compañía JUNICAL MEDICAL.

La orden de embargo emitida por el juez se dio a pesar de que el procurador Fernando Carrillo ha recomendado en reiteradas ocasiones no embargar los dineros de la salud para evitar graves afectaciones al patrimonio público de la nación y el servicio a los ciudadanos

En una comunicación de junio pasado, la Procuraduría denunció el embargo y regular de los recursos de la salud y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales fiscales y disciplinarias contra jueces abogados y particulares que presuntamente estén vinculados con los denominados carteles que embargan ilegalmente los recursos.

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Según un informe de la Procuraduría, en la regiones de Sincelejo, Mocoa y Valledupar los jueces civiles estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadores de salud. 

Según este informe de la Procuraduría, en Sincelejo -por ejemplo- se pudo identificar que el juzgado tercero civil del circuito ordenó el embargo de cerca de 11,000 millones de pesos que tenían como destino la ESE Hospital universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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