El presidente de Asonal Judicial, Freddy Marchado, afirmó que existe una crisis al interior de los juzgados de ejecución de penas para adelantar los procesos relacionados con amnistías de personas que están privadas de la libertad y que se han acreditado dentro de los acuerdos de paz como amnistiables. De acuerdo con Machado, es necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad tras la implementación de las políticas de paz y así prever los presupuestos y el personal necesario para adelantar los procesos de amnistías que están represados y que son por el orden de los 15 mil expedientes. “Consideramos que en materia de justicia y de paz no se puede improvisar y lo que podemos declarar nosotros es que hay mucha desorganización porque todo el mundo sabía que los jueces de ejecución de penas tienen 57 mil procesos y a pesar de ello, ahora le agregan que gestione y realice los indultos y amnistías”, señaló el dirigente sindical. De acuerdo con las cifras de los jueces de ejecución de penas, actualmente existen 4 mil 500 solicitudes de libertades, de las cuales han sido resueltas 300, sin embargo, es necesario que el Gobierno atienda los requerimientos que necesita la justicia para asumir sus funciones a cabalidad. “Esto requiere más músculo financiero, más planta de personal, pero si se sabía que venían los indultos porqué la Jurisdicción Especial de la Paz no se ha institucionalizado todavía, era necesario, obligatorio reforzar la ejecución de penas”, agregó Los juzgados de ejecución de penas en Bogotá y algunas zonas del país están adelantando una asamblea permanente para que el Gobierno (Ministerio de Justicia y Hacienda) atienda los requerimientos y así pueda incrementarse la infraestructura judicial.