La Contraloría General de la República denunció que la Ley de Víctimas se encuentra desfinanciada. Así lo señalo el organismo como parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que se realiza a la Ley 1448 del 2011.

Luego de realizar el balance del último año, la Comisión, de la que hace parte la Contraloría, señaló que pese a los esfuerzos del Gobierno, “la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”.

El organismo indicó que aunque la desfinanciación de la Ley es evidente, "hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal, que permita atender las obligaciones de la legislación y el post conflicto".

Advirtió además graves fallas en su implementación, y "mínimos avances de la política de atención y reparación, que no se compadecen de ocho millones de personas afectadas, falta de caracterización, participación efectiva de las víctimas y desfinanciación de los planes y programas que la puedan implementar".

Alertó también por el escaso avance de esta política de cara a la estabilización socioeconómica de la población víctima del conflicto, así como la falta de conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta institucional.

La Contraloría también recordó que "el Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que fortalezcan y optimicen las capacidades productivas y de empleo de las víctimas, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas".

De acuerdo con el informe, la cobertura de las necesidades en programas de empleabilidad para las víctimas, por parte del Ministerio de Trabajo, alcanzan el 0,91%.

"En cuanto a la generación de ingresos en el ámbito rural, el Ministerio de Agricultura como responsable de la formulación y ejecución de programas para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la población desplazada con vocación rural, cuenta con tres estrategias de intervención que no corresponden a programas específicos para las víctimas, por lo tanto sus requisitos de acceso no permiten su vinculación", señala el reporte.

La Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura que lideran la política de generación de ingresos y empleo.

Aseguró que el objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades.

Restitución

Respecto al avance en la restitución de tierras, el informe señaló que no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de post fallo, "a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales".

En el mismo sentido, precisó que no hay una adecuación de política pública que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución.

Mientras que en materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que "las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras".

Por último, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, como organismos de control sostuvieron, durante la reunión de seguimiento llevada a cabo en el Ministerio Público, que las entidades territoriales todavía no muestran un compromiso serio con las víctimas por lo que hicieron un llamado al cumplimiento de sus obligaciones legales y así impulsar los cambios sociales que en materia de víctimas requiere el país.