Uno de los líderes del sindicato del Inpec denunció que tienen registros que demostrarían que la mitad de los 4.250 brazaletes electrónicos asignados a presos bajo detención domiciliaria, presentan alguna falla.

Así lo aseguró a RCN Radio Óscar Robayo, director de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, tras referirse al caso de un recluso que pagaba una condena por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas en casa por cárcel en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y se le fugó a las autoridades poniendo el brazalete electrónico a su gato.

Las investigaciones revelan que el dispositivo funcionaba mal desde hacía varios meses y en medio de una visita de rutina los guardias hallaron al animal con el aparato puesto en su cuello. Según funcionarios del Instituto, los brazaletes funcionan con el calor del cuerpo, el cual puede ser sustituido incluso por un animal.

El dragoneante Robayo indicó que aproximadamente son 57 mil los presos que cuentan con el beneficio de la detención domiciliaria y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha contratado el servicio de 4.250 brazaletes de vigilancia, pero solo la mitad de ellos funcionan de manera óptima.

Agregó que esta no es la primera vez que se presentan este tipo de burlas a autoridades judiciales con brazaletes de vigilancia, y prueba de ello es que hace varios meses un detenido en Pereira, procesado por homicidio y quién se encontraba bajo detención domiciliaria, le puso su dispositivo electrónico a su abuela de 83 años y luego huyó para seguir delinquiendo.

"Esta es una verdad, es una falla que la USPEC y el Ministerio de Justicia conocen y con el fin de enriquecer estas empresas no les importa el servicio que prestan y solo están pagando por un servicio que es obsoleto. Sabemos del caso de internos que tienen en esta medida y dañan los objetos, se los ponen a otros familiares o como en este caso a su gato para evadir la justicia", aseguró.

Puntualizó que el contrato de los brazaletes ha estado en manos de una misma empresa por varios años y cada dispositivo le cuesta al Estado alrededor de dos millones 200 mil pesos.