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Michele Spatari-AFP

Luego de realizar operativos en el marco de la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar en diferentes ciudades del territorio colombiano, y pese a la pandemia del covid-19, se logró el decomiso de 871 máquinas tragamonedas ilegales que operaban sin autorización del regulador.

La operación de estas maquinas ilegales le representan a las finanzas públicas más de 27.714 millones de pesos, entre derechos de explotación e impuesto del IVA que se dejaron de percibir.

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Coljuegos indicó que en Quindío se decomisaron 256 máquinas que operaban de manera ilegal y cuyo funcionamiento representó más de 8.145 millones de pesos que se dejaron de percibir entre derechos de explotación e impuesto del IVA; en Cartagena se decomisaron 206 máquinas que equivalen a 6.554 millones de pesos.

Por su parte, en Barranquilla se decomisaron 168 máquinas que representan 5.345 millones de pesos, y finalmente en Medellín, se decomisaron 110 máquinas cuyo funcionamiento le representa a las finanzas públicas una evasión de 3.500 millones de pesos.

“Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General, el Ejército Nacional y la Policía Fiscal Aduanera, hemos logrado avanzar con el decomiso de un número muy importante de máquinas que operaban de manera ilegal y que se traducen en recursos perdidos que podrían haberse destinado para financiar la salud de los colombianos”, señaló Carlos Andrés Zárate, Gerente de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos.

El funcionario informó que durante el 2020 se realizaron 90 judicializaciones en la Fiscalía General de la Nación por la operación ilegal de elementos de juegos de suerte y azar en todo el territorio nacional. 

“Este es un sector que genera, entre juegos localizados y novedosos, más de 100.000 empleos entre directos e indirectos y la operación ilegal afecta esa posibilidad de crear puestos de trabajo de calidad”, puntualizó Zárate.

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Finalmente, Coljuegos recordó que  la operación ilegal de juegos de suerte y azar acarrea multas de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada máquina decomisada y penas de entre 6 a 8 años de cárcel.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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