La propuesta del Consejo de Competitividad ante la discusión pensional

Aunque Colombia ha venido escalando en índices de competitividad como el del Foro Económico Mundial en el que subió del puesto 60 al 57, al igual que en el del IMD (al pasar del lugar 58 al 52), aún tiene temas por resolver en materia pensional, laboral, educativa y tributaria.

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Según el más reciente informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), en el país “el 48 % de los pensionados se encuentra en el 20 % que registra mayores ingresos de esa población”, mientras que el 20 % con menores ingresos, apenas concentra al 0,2 % de los pensionados”.

A propósito de esa situación, la recomendación es avanzar en tres frentes: una reforma pensional, mayor cobertura del programa Colombia Mayor e involucrar a la rama judicial en las mesas técnicas, donde se discute la mencionada reforma.

En este sentido, Rosario Córdoba, presidente del CPC, señaló  que “la competitividad es un asunto de largo plazo. Avanzar exige hacer reformas estructurales en beneficio del interés general, reformas que en Colombia han sido aplazadas una y otra vez y que son necesarias para resolver problemas complejos que afectan la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible”.

Córdoba sugirió que para combatir el alto índice de desempleo que hay en  el país, se debe “reformar el Código Sustantivo del Trabajo para superar su obsolescencia normativa y flexibilizar el mercado laboral”.

Los trabajadores 

Frente a la propuesta de dar cabida a la rama judicial en la discusión pensional, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diogenes Orjuela, señaló que " el tema pensional no necesita ninguna discusión jurídica. El tema es que este país adoptó el modelo del ahorro individual con 30 países en el mundo, el cual fracasó".

Agregó que "de esos países, 18 ya volvieron al modelo solidario y de fondos públicos. Eso no necesita ninguna discusión jurídica, sino económica".

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Entretanto, el secretario general del sindicato, Luis Alejandro Pedraza, señaló que "la rama judicial no tiene un régimen diferente al contemplado por la ley 100 y por lo tanto se encuentra en igualdad a los demás trabajadores. La propuesta puede ser para una diferenciación con tendencia a precarización".