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Más de un millón de pequeños y medianos agricultores, transportadores de carga, trabajadores de la salud, de la minería y otros campesinos paralizaron sus labores al considerar que de esta forma se les otorgarán recursos adicionales por parte del Estado que permitan salvar su actividad

Sin embargo, se trata de agricultores y trabajadores que no hacen parte de los gremios de la producción y que además aseguran no sentirse bien representados por cada una de sus federaciones.

¿Por qué protestan?

Los cafeteros argumentan su protesta en el incumplimiento del Gobierno en la entrega del subsidio PIC (Programa de Protección al Ingreso Cafetero) ya que según los manifestantes, más de 200 mil pequeños y medianos productores no han recibido este beneficio que busca compensar la caída en el precio del grano.

El sector de los paneleros que se une al paro con cerca de 300 mil trabajadores, dice sentirse arruinado porque el Gobierno nacional no quiere aliviar sus deudas, promocionar sus productos y dotar con tecnología los trapiches para poder ser más competitivos.

Entre tanto, la principal razón por la que se movilizarán los arroceros es, según ellos, la falta de un precio base de sustentación y compra del cereal que podría permitirle al productor saber con qué precio va a vender sus cosechas y decidir si siembra o no, además por el aumento de las importaciones al amparo del TLC con Estados Unidos y el acuerdo con la CAN y el contrabando que ha generado grandes pérdidas a los pequeños cultivadores.

Las peticiones de los papicultores son similares a las de los arroceros, ya que ellos aseguran haber resultado afectados por los acuerdos comerciales de Colombia y solicitan de manera urgente que se fije un precio de sustentación, que se frenen las importaciones y que se establezca un plan de choque contra el ingreso de papa de contrabando.

Por su parte, los productores de leche de doce departamentos aseguran que las principales razones de su crisis, que los llevan a unirse a la protesta, son los Tratados de Libre Comercio y los altos precios de fertilizantes e insumos, que podrían llevar a la quiebra a más de 500 mil familias que viven de esta actividad.

Los cacaoteros aseguran que el precio interno de este producto ha bajado hasta 50 por ciento por las masivas importaciones lo que les ha generado pérdidas millonarias que no pueden soportar más, además reclaman por las demoras del Gobierno de hasta cinco meses para pagar el apoyo a la comercialización.

En menor medida los cultivadores de frutas, cebolla y otras hortalizas de clima frío, han dicho que tienen sus propias preocupaciones que los llevaron a protestar y que en general tienen que ver con la falta de recursos para que cada sector tenga una producción más alta y de mejor calidad.

Los 270 mil camioneros que desde este lunes 19 de agosto paralizaron su actividad piden que se haga una rebaja de $2.000 en el precio del galón del Acpm, que es su principal insumo, además que se creen líneas de crédito para salvamento y renovación de equipo y que se haga un control de cabotaje por parte de los camioneros Ecuatorianos y Venezolanos.

A pesar de que se encuentran en una mesa de concertación permanente con el Gobierno Nacional, los mineros artesanales participarán de la protesta porque quieren que el Ministerio de Minas reconozca y formalice la actividad de aquellos que llevan menos de diez años en la minería, que les permita la actividad itinerante y que no destruya la maquinaria con la que ellos trabajan.

El cese de actividades de los trabajadores de la salud se debe a la negativa incidencia que tendrá en la prestación de ese servicio público fundamental el proyecto de Reforma que presentó el Gobierno y en el cual según la opinión de la clase trabajadora, no están contemplados los aspectos importantes para resolver los problemas que afectan a los usuarios, pacientes y trabajadores de este sector.

En un comunicado, el resto de organizaciones que se encuentran en paro y hacen parte de las diferentes manifestaciones han señalaron que su pliego de peticiones está basado en la exigencia de la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

Así mismo exigen el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades, el desarrollo de una política minera, el cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos

Finalmente piden una mayor inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías en el país.