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No cesan las protestas por el asesinato de líderes sociales.
Protestas por asesinatos de líderes sociales
AFP

Un grupo de defensores de derechos humanos interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual exige protección especial a por lo menos diez  líderes sociales que presentan grave riesgo de seguridad.

Con esta acción judicial se buscar dar cumplimiento a las garantías de seguridad que creó el Acuerdo de Paz y que se declare como un derecho la labor de los líderes sociales.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores, explicó que “se trata de una acción de tutela en favor de unos diez líderes y lideresas que se encuentran en alto riesgo, muy amenazados, y el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizar, la vida e integridad física de ellos”.

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De acuerdo con uno de los demandantes, Deobaldo Cruz, quien pertenece a la Asociación Campesina de Puerto Asís, perdió un ojo en junio pasado tras el impacto con un gas lacrimógeno en medio de una protesta en la que se exigía implementación del programa de sustitución de cultivos de coca.

“Hoy en el día internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno Nacional celebra en Cartagena una parafernalia, donde decidió ir a presentar una política que no existe, que no se ha terminado de hacer (...) también con una cantidad de actores que no tienen nada que ver con los derechos humanos”, dijo Sánchez.

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Otro de los casos relatados por los demandantes es el de Óscar Salazar, del movimiento Marcha Patriótica del Cauca, quien lucha para que los campesinos sean reconocidos como un grupo cultural para tener herramientas contra los proyectos mineroenergéticos.

Según esta acción judicial, Salazar fue víctima de un atentado en agosto pasado y, a pesar de que salió ileso gracias a la acción de sus escoltas, no ha podido regresar a su territorio, debido a que no siente suficientes garantías.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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