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Pese a que el Inpec suscribió un contrato con operadores privados para brindar el servicio de telefonía fija a los internos en todas las cárceles del país, todo parece indicar que se están incumpliendo los límites de las tarifas que establece la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Tras fallar una acción popular presentada por varios internos de las cárceles de Acacías en el Meta y Cómbita en Boyacá, la Sección Primera del Consejo de Estado hizo un fuerte llamado de atención frente al aumento en el cobro de los minutos.

Los internos manifestaron que el servicio las tarifas eran demasiado altas. Además las llamadas “se caen. No se pueden realizar llamadas a líneas gratuitas y las tarifas cobradas por minuto son superiores a las establecidas por la normativa expuesta”.

Según la Comisión de Regulaciones no se puede cobrar un valor superior $83,71 sin impuestos o $100,45 con impuestos por minuto, por lo cual la sección segunda del Consejo de Estado indicó que “el valor actual del minuto de llamadas telefónicas en los centros penitenciarios es superior a cualquiera que se pueda conseguir en el mercado”.

Por lo cual señaló que el Inpec no puede fijar “un cobro por minuto superior al fijado por la CRT y superior al promedio del mercado”. Para el alto tribunal debe prevalecer el derecho colectivo de los consumidores y usuarios de las cárceles por lo que ordenó reestablecer los precios de las tarifas telefónicas en todo el país.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo recomendó suscribir contratos con entidades que contemplen “la implementación de redes, programas, software y aparatos que cumplan con las condiciones especiales para garantizar la seguridad al interior del respectivo establecimiento, por lo que las llamadas podrán ser controladas, monitoreadas e inclusive bloqueadas por las autoridades carcelarias con el fin de garantizar la seguridad”.