Un juez de Bogotá envío a la cárcel La Picota y el Buen Pastor a los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta, investigados por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la construcción de una Refinería en ese departamento.
La medida de aseguramiento cobija a Ricardo Rodríguez Henao, Representa Legal de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, Asesora Jurídica de la Gobernación del Meta,  Hernando Martínez Aguilera, Ex secretario de Planeación de la Gobernación, y Jairo Frías Carreño, Ex Secretario de Hacienda departamental. Quienes deben responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de factibilidad para la realización de la obra entre los años 2012 y 2015. Según señaló el despacho, la Fiscalía demostró "la presunta participación de los procesados en los presuntos actos delictivos objeto de la investigación, por lo cual se hace necesaria la medida de aseguramiento en razón a los más de 18 mil millones de pesos que se desviaron en la ejecución del proyecto" señaló. El juez impartió orden de detención en establecimiento carcelario contra todos los procesados, pese a que los defensores solicitaban la detención domiciliaria en razón a las condiciones de ex funcionarios públicos. Inicialmente Ricardo Rodríguez Henao, Representa Legal de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, Asesora Jurídica de la Gobernación del Meta,  Hernando Martínez Aguilera, Ex secretario de Planeación de la Gobernación, y Jairo Frías Carreño, Ex Secretario de Hacienda departamental, no había aceptado los cargos en razón a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por los hechos relacionados con los estudios pre-factibilidad y factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta entre 2012 y 2013. En ese sentido, la Fiscalía ha señalado que "se realizaron por parte de los hoy procesados, cerca de 14 contratos de prórroga para los estudios de factibilidad de la Refinería de Petróleos del Meta, y de los cuales tanto la Contraloría del Meta, como la Contraloría General de la República, descubrieron sobre costos por un valor que supera los 18 mil millones de pesos y que buscaban un evidente beneficio particular" señaló.