Al menos 3.000 indígenas estarían en extrema pobreza en Vichada

En alerta se encuentran las autoridades de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, luego del llamado que les hizo la Contraloría General de la República para que se garanticen los derechos fundamentales de los niños indígenas y otras poblaciones vulnerables en ese departamento, donde se advierte de unas 3.000 personas de estos resguardos que están en extrema pobreza.  

Denunció el ente de control que estas familias estarían cambiando sus hábitos de vida ancestrales, por comer del reciclaje que hacen en el relleno sanitario municipal El Merey, en Puerto Carreño.

En el marco de esta visita, la Contraloría General de la República acudió hasta el relleno sanitario, donde pudo verificar que familias indígenas se exponen a condiciones críticas de salubridad, para buscar su sustento diario, como recicladores entre las basuras.

Asegura en su informe la Contraloría que los menores indígenas y otras poblaciones vulnerables de ese municipio, padecen de enfermedades y son “huérfanos” de la atención del Estado.

La Contraloría hizo un llamado a la Gobernación del Vichada y a la Alcaldía de Puerto Carreño para fortalecer los esfuerzos encaminados a garantizar los derechos fundamentales de la población sujeta de un enfoque diferencial, entre ellos indígenas, extranjeros, afrodescendientes y mujeres, según lo expresó el contralor Delegado para Población Focalizada, Hitler Rousseau Chaverra Ovalle.

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 “Desde el departamento del Vichada seguimos haciendo llamados a los gobiernos departamentales y municipales para trabajar más en la satisfacción de los derechos fundamentales de los más vulnerables del país, quienes expresan deficiencias en atención a sus necesidades esenciales”, expresó Chaverra Ovalle.

Agregó el delegado que se pudo constatar, tras una visita relámpago al relleno sanitario El Merey, que allí se encontraban familias indígenas ejerciendo el oficio de reciclaje desprovistas de cualquier tipo de implemento de seguridad.

“Así mismo, en uno de los asentamientos cerca del mismo relleno sanitario observamos cómo las familias obtienen más ayudas de la caridad que de las administraciones municipal y departamental”, se indica en el informe. 

La Contraloría califica la situación como crítica en materia de salubridad y pérdida de sus costumbres ancestrales para los representantes de la comunidad indígena que acudieron al diálogo social.

Este grupo poblacional asentado en Puerto Carreño se enfrenta no solo a una situación crítica de salubridad, sino también, a una inminente perdida de sus costumbres y hábitos de vida ancestral, lo que vulnera sus derechos, dijo el delegado.

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 Asimismo, durante el encuentro con la comunidad, representantes de las familias que tienen integrantes con enfermedades catalogadas como “huérfanas” expresaron al organismo de control su preocupación por falta de atención y apoyo para hacerle frente a su situación.

Ante el informe de la Contraloría General de la República, la Gobernación del Vichada, a través de su secretario de Gobierno, Michelle Zurfluh Requiniva, confirmó la crisis social que enfrentan estas poblaciones vulnerables.

“Son unos 3.000 indígenas los que viven en estas condiciones que generan el estallido social especialmente en el municipio de Puerto Carreño, donde en su mayoría viven en los alrededores del relleno y de zonas ambientales protegidas”, aseveró el secretario.

Reiteró que tienen 28 asentamientos poblaciones ilegales para los cuales no alcanzan los pocos recursos de que disponen la alcaldía y la gobernación.

El funcionario pidió ayuda y apoyo real de parte del Gobierno nacional para resolver esta crisis social con la población indígena y también migrante.