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Los dos soldados retenidos se mantienen en poder de los campesinos.

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Parques Nacionales Naturales

Luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación prohibió el ingreso, movilización y comercialización de ganado en los Parques Naturales de La Macarena, entre otras medidas para frenar los asentamientos humanos y la destrucción del área protegida, los campesinos que se mantienen reunidos en la vereda el Tapir, en protesta por las acciones de las autoridades, levantaron la mesa de diálogo que tenían con la Defensoría del Pueblo y con la que se buscaba la liberación de los dos soldados retenidos.

Delio Franco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Macarena, dijo que hoy no se tiene claridad sobre qué vaya a pasar con la protesta campesina, después de que se conocieran esas medidas.

“Se levantó la mesa de diálogo en la que estaba la Defensoría del Pueblo, el alcalde municipal y todas las autoridades. Ya se hizo lo que estaba al alcance de los campesinos, dado que salieron las medidas de la Fiscalía con las que las peticiones que estaban haciendo los campesinos no se tuvieron en cuenta. En este momentos, todo se nos está saliendo de las manos y el problema se está volviendo más profundo”, dijo.

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Ante el levantamiento de la mesa de diálogo, el Gobierno Nacional y las autoridades militares se mantienen en alerta por la posibilidad de que se recupere la libertad de los dos soldados retenidos en esa región. 

Por la crisis en La Macarena (Meta) y como parte de la mayor intervención contra la deforestación provocada por la ganadería extensiva y los proyectos agrícolas en la región, la Fiscalía General de la Nación había solicitado varias restricciones y medidas de protección para frenar la acelerada pérdida de bosque nativo.

Asimismo, buscaba frenar las quemas en los parques naturales Tinigua y Los Picachos entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, las cuales fueron acogidas por un juez de Caquetá.

La petición se hizo ante jueces de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá) durante las audiencias de judicialización de 20 personas que habrían invadido la zona de reserva y, en cinco años, acabaron con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias”, confirmó la Fiscalía este martes.

Según esa entidad, fue la contundencia de los elementos probatorios y los argumentos presentados por los fiscales adscritos a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos los que garantizaron que los jueces impartieran órdenes a diferentes instituciones, con el propósito de restablecer los derechos de los parques naturales de la Amazonía y garantizar su conservación.

Con la decisión judicial, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), según sus competencias, deberán suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Los Picachos y Tinigua.

“Los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta) no podrán emitir certificaciones de colonos ni autorizar la permanencia temporal de personas en los parques naturales. Esta medida pretende detener el crecimiento poblacional y los asentamientos humanos en las zonas protegidas”, impuso la Fiscalía.

El Banco Agrario, por su parte, dejará de aprobar créditos a personas que quieran desarrollar proyectos agropecuarios en los parques de la Amazonía.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía avanzará en la identificación de las cabezas de ganado en Los Picachos y Tinigua, con el fin de imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

La Fiscalía formuló cargos contra los 20 capturados durante las diligencias cumplidas en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia, en Los Picachos y Tinigua, en La Macarena.

En contextoCampesinos de La Macarena dicen que tienen dos soldados retenidos

Algunos de los asegurados fueron Egidio Guillén Tabares, Esteban Medina, Israel Patiño Buitrago y Yadira Ordóñez, detenidos con orden judicial e imputados por invasión de áreas de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio, este último delito relacionado con las quemas hechas para despejar el terreno y habilitarlo para la ganadería, según la Fiscalía. 

Las otras 16 personas capturadas en situación de flagrancia, según la Fiscalía, fueron imputadas por invasión de áreas de  especial importancia ecológicaLos jueces les impusieron medidas no privativas de la libertad, seguirán vinculados a la investigación y no podrán salir del país, entre otras restricciones, dijo el ente penal.

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