Candidato a la Gobernación del Meta fue sancionado por caso de corrupción
Fue inhabilitado por las irregularidades en el aval a un proyecto para reformar la planta de personal del cabildo.
La Procuraduría General sancionó, en primera instancia, con suspensión e inhabilidad por nueve meses al exalcalde de Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga Cardona, actual candidato a la Gobernación del Meta.
La medida cobija además a 13 concejales y ex concejales, por posibles irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto para reformar la planta de personal y el ajuste salarial a funcionarios del concejo municipal en 2013.
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La investigación disciplinaria contra estos políticos, comenzó el 12 de diciembre de 2013, cuando el entonces concejal Ariel Rey instauró la queja formal, ante el Ministerio Público, que trascendió en la decisión de primera instancia.
La sanción que les impuso la Procuraduría Delegada en Bogotá, también cobija a Óscar Armando Alejo Cano, actual concejal del partido de la U, a Alexander Baquero Sanabria, actual candidato a la Alcaldía de Villavicencio por el partido Conservador.
Lo mismo a Miguel Giovanni Beltrán Knorr, actual concejal, a Carlos Alberto Carreño Pedraza, quien fue inhabilitado por 10 años, por la pasada elección de contralor, a Walter Cock Echavez, actual concejal.
Así como a Marco Aurelio López Lozada y José Yesid Morales Espitia, hoy en la cárcel por presunta concusión, entre otros implicados.
El Ministerio Público señaló que el ex alcalde Juan Guillermo Zuluaga sancionó el Acuerdo No. 205 de 2013, pese a tener conocimiento de que no era viable, y en lugar de devolverlo para que el Concejo lo archivara, dispuso de su publicación inmediata, logrando la modificación de la planta de personal y el ajuste salarial a los funcionarios de la corporación municipal.
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Así mismo, se pudo establecer que los cabildantes omitieron el ejercicio de sus funciones al debatir y decidir acerca de unas objeciones de derecho e inconveniencia formuladas por la Alcaldía contra el proyecto No. 205-2013, y a pesar de eso votaron favorablemente sus correcciones, declararon la integridad del mismo y lo remitieron al despacho del alcalde para que fuera firmado, contrariando lo establecido por la normatividad vigente.
La Procuraduría señaló que con su actuar, "los investigados vulneraron el reglamento interno del Concejo, ya que las objeciones de inconveniencia, debían ser archivadas, corregidas y presentadas en el siguiente periodo y no como fueron ajustadas para la sanción del acuerdo, el 31 de octubre del 2013".
En este fallo, de primera instancia, las faltas fueron calificadas como graves a título de dolo.
Esta decisión, que se encuentra en trámite de notificación a los afectados, se podrá apelar ante la misma Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
Hasta tanto no haya una decisión de fondo, quienes hoy aspiran a diferentes cargos de elección popular, podrán seguir en sus campañas políticas de manera normal.
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