La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a Carlos Alberto Carreño Pedraza, presidente del Concejo Municipal de Villavicencio, Meta, para el año 2016, por desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal en el proceso de selección del contralor municipal. Se evidenció que el disciplinado incluyó en el estudio previo y en la invitación pública 002 de 2016 que el oferente podía ser una persona natural, transgrediendo el Acuerdo 276/15 y la Resolución 032/15 según los cuales la contratación debía realizarse con instituciones universitarias o entidades especializadas en procesos de selección de personal, condiciones que no reunía la firma contratista “Gestión Organizacional”. Asimismo, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal demostró que el operador incumplió los requisitos plasmados en los estudios previos, en lo referente al perfil de los abogados que conformarían el equipo de trabajo, ni tampoco acreditó la experiencia específica de dos años establecida contractualmente. El ente de control calificó de manera definitiva la falta de Carreño Pedraza como gravísima cometida a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. En la misma decisión disciplinaria se absolvió a Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita y Daruin Castellanos Romero, en sus calidades de primer y segundo vicepresidente del Concejo de Villavicencio para el año 2016, por cuanto no se probó que tuvieran la obligación de vigilar las actuaciones del presidente de la corporación.