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Autoridades de Villavicencio y el Meta salieron a aclarar a la ciudadanía que está solicitando en las mesas de votación desde las 8 de la mañana de hoy, que no es cierto que exista una cartilla con la que se podría votar para respaldar un proyecto de ley que aprobaría penas contra el maltrato animal.

Las organizaciones protectoras de animales y la misma Registraduría en el Meta pidieron a las personas no solicitar esa cartilla porque no existe y porque no se dispuso de esa opción para las elecciones de este domingo.

Eduardo Rujana delegado de la Registraduría del Meta negó la existencia de esa cartilla.   

Dijo que solo existe un cuadernillo de apoyo y auxilio que pueden tener los electores para votar.

El falso mensaje también fue negado por Diana Guerra presidenta de la Junta Protectora de Animales de Villavicencio.

El mensaje se conoció por una cadena que circuló por Whatsapp y que generó desinformación sobre las elecciones regionales.

El mensaje, que también ha circuló en otras redes sociales como Fabebook y Twitter, afirmaba que “el día de las elecciones se podía pedir una cartilla para votar en contra del maltrato animal y para sancionar a quienes lo practican”, además añade que se necesitan 5.000 votos para aprobar la supuesta ley.

Ya existe un proyecto de ley

En la actualidad, en la Cámara de Representantes cursa el proceso un proyecto que busca aumentar las sanciones contra quienes maltraten a un animal.

Además, de las sanciones económicas, que aumentarían hasta casi 40 millones de pesos, la iniciativa parlamentaria también busca que los agresores sean condenados a penas privativas de la libertad de entre 12 y 36 meses.

La aprobación de este proyecto depende unica y exclusivamente del trámite que se le de en el Congreso de la República.

Sanciones a los agresores

La norma en este momento permite sancionar a quienes atenten contra la vida de un animal con multas que van desde uno a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir de 644 mil 350 pesos a 3 millones 221 mil 750 pesos.

Esa multa es impartida por las inspecciones de policía de cada municipio y se basa en un informe que debe ser entregado por la administración municipal, una ONG legalmente constituida o por un médico veterinario.