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Detrimento de 60 mil millones en obras inconclusas de línea de aducción de Acueducto de Villavicencio

Detrimento de 60 mil millones en obras inconclusas de línea de aducción de Acueducto de Villavicencio

La Contraloría General de la República encontró un posible detrimento patrimonial por más de 60 mil millones de pesos, a raíz de las obras inconclusas destinadas a la optimización de la línea de aducción del Acueducto de Villavicencio, contratadas en el gobierno departamental de Darío Vásquez Sánchez, entre EDESA y la Unión Temporal Bocatoma, empresa que abandonó las obras desde el año 2016 y que aun no logra la liquidación del contrato con esta administración.

En visita realizada por el organismo de control, se pudo verificar que, pese a haber transcurrido más de 6 años desde la fecha de inicio de la obra, no se ha dado cumplimiento a los fines para los cuales se efectuó la inversión de los recursos.

El objetivo del proyecto, viabilizado en julio de 2010 por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, era beneficiar a los habitantes del municipio de Villavicencio, afectados por constantes racionamientos y suspensiones del servicio de acueducto, provocados por los derrumbes y las crecientes del río Guatiquía.

El contrato para ejecutar el fallido proyecto fue suscrito por la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa S.A.) con la Unión Temporal Bocatoma PTAP, el 28 de enero de 2011.

Inicialmente el contrato se suscribió por $43.947.565.580 y tuvo 2 adiciones por $21.973.782.263, para un valor total contratado de $65.921.347.843.

El proyecto presentó inconsistencias en su planeación, así como en el proceso de selección, ejecución y seguimiento; dado que transcurridos más de 6 años desde la fecha de inicio, el contrato proyectado para 12 meses no está en funcionamiento y fue abandonado por el contratista, y las obras construidas presenten la consecuente afectación.

De acuerdo con la Ley 610 de 2000, todo esto se da a causa de una conducta fiscal ineficiente, generándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor total de $60.573.203.369.

Los hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación.