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Presuntos paramilitares intimidaron a dirigente comunitario del barrio San Pablo  
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Excombatientes de las Farc denunciaron que viven una real crisis por la violencia en la zona de los Llanos del Yarí, en el sur de la Sierra de la Macarena, lo que ha provocado el desplazamiento de 106 familias entre ellas, 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, del colectivo en Reincorporación 'Urías Rondón'.

Por parte de los colectivos de Derechos Humanos del Meta se ha informado que hay una grave violación a los Derechos Humanos, por parte de personas de quienes se desconoce su procedencia o el grupo al que pertenecen.

Islena Rey, representante legal del Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta, señaló que se esta haciendo un llamado urgente para que se brinde acompañamiento de toda la institucionalidad. 

"Requerimos que los entes de investigación y las fuerzas militares hagan un trabajo de campo para determinar cuáles son los grupos que están violentando los derechos de la población rural", se indicó.

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Por parte del Colectivo Urías Rondón se emitió un comunicado a la opinión pública en donde, entre otros, se rechaza la estigmatización y el despliegue mediático por algunos funcionarios y periodistas que propenden en  poner en duda la voluntad de continuar cumpliendo lo pactado. 

Además se refieren a los hechos presentados el día 18 de noviembre (cinco vehículos de la UNP fueron sacados del sector y posteriormente fueron incinerados en plena vía) y con los que complejizan la grave situación de seguridad en el territorio, por lo que  los firmantes de la paz residentes en el ETCR Rondón, rechaza este tipo de hechos que claramente afectan el proceso de reincorporación y la implementación de lo pactado.

En el comunicado se advierte que en materia de seguridad se habían expuesto las preocupaciones en múltiples escenarios y que además de esto, la Defensoría del Pueblo ha mantenido con oficio de seguimiento, la alerta temprana 042 del 2018.

Se exigen garantías plenas de seguridad movilidad y sostenibilidad para continuar con el trabajo social político y administrativo vinculado a la implementación de lo firmado con el gobierno colombiano, ante todo lo que salvaguarde la vida como derecho fundamental. 

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En el escrito se reitera que no es posible una reincorporación sin garantías de seguridad, acceso a la propiedad de la tierra, vivienda y proyectos productivos sostenibles que permitan el goce efectivo de los derechos fundamentales. 

Allí, se responsabiliza el estado colombiano por la vida de las personas que integran el colectivo Urías Rondón (ETCR Yarí) y la de los líderes que ejercen labores sociales políticas y administrativas, solicitando una reunión de carácter extraordinario de alto nivel para abordar la grave problemática humanitaria de seguridad que está afectando el colectivo de firmantes de la paz en el ETCR Urías Rondón.

Finalmente, se insta a la II Misión de la ONU en Colombia que asuma con impulso del mandato concedido en el marco del Acuerdo de Paz, para que el gobierno colombiano atienda de manera inmediata e integral la grave situación que experimentan los firmantes de paz y sus familias residentes en el ETCR Urías Rondón.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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