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Referencia dinero.
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Colprensa

Los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, lograron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y se comprometieron a devolver un monto que asciende a los 16.000 millones de pesos, luego de reconocer su responsabilidad en actos relacionados  con corrupción.

Los fiscales reportaron que la millonaria suma de dinero será reintegrada al departamento de Guainía y deberá destinarse a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables, como quiera que estas poblaciones fueron las directamente afectadas con el comportamiento ilícito de los exgobernadores.

De acuerdo con la Fiscalía, el abundante número de pruebas recolectado por los investigadores de policía judicial contra los exmandatarios fue determinante para que confesaran su responsabilidad en múltiples actuaciones ilícitas que pusieron en riesgo millonarios recursos del departamento.

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Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia detectaron una situación de macrocriminalidad, en la que los exfuncionarios, en asocio con algunos de sus entonces colaboradores, habrían suscrito irregularmente varios contratos de suministro y obras públicas entre 2012 y 2018, que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual.

El exgobernador Rodríguez Sánchez aceptó su participación en el delito de concierto para delinquir agravado, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 hechos de peculado por apropiación y cinco eventos de cohecho propio y podría exponerse a una eventual condena de diez años de prisión que pagaría en la cárcel.

A su turno, el exgobernador Zapata Parrado aceptó su autoría en el delito de concierto para delinquir agravado, 24 conductas de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación; tres más de cohecho propio; uno de corrupción de sufragante, cuatro de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal y se podría enfrentar una sentencia de ocho años y 27 días de prisión.

“Con este preacuerdo se logró un compromiso sin precedentes, la devolución de $16.284’564.101 con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la suscripción de seis pagarés”, precisó la Fiscalía General.

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El preacuerdo fue radicado ante la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para su respectivo estudio y legalización.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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