Advertencias a la gobernadora Marcela Amaya hizo la gerencia de la Contraloría General de la República, con la que alertaron de una incidencia fiscal por más de tres mil millones de pesos en la ejecución del contrato de construcción del resguardo indígena Domo Planas en el municipio metense de Puerto Gaitán. Una observación administrativa con posible incidencia fiscal por un orden superior a los 3.017 millones de pesos con posible incidencia disciplinaria fue la que hizo a la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, el contralor delegado intersectorial para el Departamento Carlos Barragán Galindo. En la misiva dirigida a la mandataria seccional el funcionario llamó la atención sobre ciertas “observaciones”, que involucran recursos de la Secretaría departamental de Vivienda, con respecto del contrato 1470 de 2015 suscrito a través de la mencionada dependencia y cuyo objeto es la construcción de viviendas de interés social para las comunidades indígenas del Departamento del Meta. El contrato fue suscrito por 21.030 millones de pesos, de los cuales han sido “cancelados” más de 13.308 millones, de los cuales corresponden más de 5.585 millones al reconocimiento de la “Parcial I” y más de 7.722 millones al valor del anticipo no legalizado a la fecha. Pese a los desembolsos, ha habido irregularidades en la ejecución como la parálisis desde hace tres meses en los frentes de trabajo en los resguardos Awaliba, El Tigre, Vencedor y Domo Planas y el adeudamiento de salarios a los obreros por parte del contratista, cuyo nombre no se especifica en la misiva de la Contraloría. También se ha evidenciado ciertas irregularidades en la construcción de algunas de las casas. Los enviados de la Contraloría evidenciaron, tras denuncias de las comunidades, que las casas tampoco se están construyendo con las especificaciones estipuladas en el contrato, poniendo a sus futuros habitantes bajo riesgo sanitario. El contralor delegado Barragán, asimismo, le dijo a la gobernadora Amaya que tiene cinco días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la carta para responder ante las observaciones planteada. Ante la advertencia explicaron que el programa de Vivienda Indígena de la gobernación se ejecuta en 10 municipios del Meta donde se construyen 517 casas, por 20.000 millones que beneficiarán a 10 resguardos de Mesetas, Uribe, Puerto Gaitán y Puerto López entre otros. Aseguran en la Secretaría de Vivienda del Meta que en algunos municipios ha sido imposible avanzar como en Uribe y Mesetas porque no hay vía donde es necesario subir a lomo de mula. En Puerto Gaitán es donde está más avanzado pero donde ha habido mayor dificultad para poner de acuerdo las diferencias entre los gobernadores indígenas según Luis Alberto Rodríguez secretario de Vivienda del Meta. El consorcio Awaliba, que ejecuta el contrato  y ante las advertencias de la gerencia de la Contraloría General de la República en el Meta, armará un plan de contingencia y la Oficina Jurídica de la Secretaría de Vivienda inició proceso de incumplimiento al contratista.