Indígenas de Kanalitojo en Vichada recuperaron 1.274 hectáreas de tierra

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó devolver los terrenos a la comunidad indígena de Kanalitojo, integrada por 141 personas y miembros de 32 familias en la Orinoquía colombiana.

El 50 por ciento de estas comunidades pertenecen al pueblo Amorúa, el 50 por ciento al Sikuani y el 25 por ciento a los Sáliba. Se trata de la primera sentencia que beneficia a comunidades étnicas de esta sección del país.

“La decisión representa un caso emblemático, debido a que se reafirman los derechos territoriales de la comunidad de Kanalitojo sobre 573 hectáreas reclamadas y el aumento de su área, que le permitirá recibir un total de 1.274 hectáreas”, explicó el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro.

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Agregó que “el fallo del Tribunal es claro y ordena la devolución material de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao, Fortaleza y Fortaleza 2, a la comunidad representada por el gobernador del cabildo”.

El fallo enfatiza que la Unidad de Restitución de Tierras debe efectuar la entrega material del terreno y actualizar el área total restituida, que se destinará para la constitución del resguardo indígena de Kanalitojo.

El proceso debe ser acompañado por la Fuerza Pública, que además deberá garantizar la seguridad del resguardo. La providencia establece que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría deben investigar las irregularidades advertidas en la adjudicación de los predios.

“Este proceso fue respaldado con las medidas cautelares que interpuso la Unidad de Restitución de Tierras, en diciembre de 2013, con el fin de salvaguardar los derechos territoriales de esta comunidad, mientras se emitía la sentencia del juez”, señaló el directivo.

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Según el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, los hechos de violencia que se han registrado en la zona, así como la presencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, han tenido un impacto sociocultural sobre estos pueblos indígenas.

Hace nueve meses, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro y la directora de la Unidad en Meta, Viviana Beltrán, visitaron el resguardo indígena y se comprometieron a trabajar para lograr que la comunidad étnica recuperara su tierra. Un hecho que hoy es una realidad con la sentencia, que incluye medidas de reparación integral, que van desde la atención psicosocial, hasta la implementación de un plan de vida sostenible.