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Cerca de 90 nativos viven en un hospital abandonado y sin acceso al agua potable.

Indigenas Jiw
Defensoría del Pueblo

Emilio García Prodio, vocero de la comunidad indígena Jiw denunció públicamente la difícil condición humanitaria en la que permanecen cerca de 90 personas, entre ellas aproximadamente 30 menores de edad,  en el municipio de Puerto Concordia, Meta.

Según García, la comunidad se encuentra sin acceso al servicio de agua potable, por lo cual se han visto obligados a obtener este suministro del río Ariari, que queda a escasos metros de la infraestructura dónde se encuentran asentados hace ya algunos meses. Sin embargo,  el Ariari también recibe las aguas negras del municipio de Puerto Concordia, lo cual afecta la salud de la comunidad y ya son varios los casos de diarrea e infecciones estomacales. 

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En diálogo con RCN Radio, el vocero de la comunidad agregó que hay dificultad para acceder a los servicios de salud y educación en el municipio, y aunque reconoció que las instalaciones cuentan con energía eléctrica hizo un llamado urgente para que puedan obtener acceso al agua potable. 

El pasado 5 de abril una comisión de la Defensoría del Pueblo, llegó hasta el municipio de Puerto Concordia y el defensor Carlos Negret, constató de primera mano la situación de derechos humanos en resguardo Caño La Sal, ubicado en la zona rural del municipio. 

En esa ocación Negret manifestó que “he apuntado todo lo que nos han dicho. Vamos a cumplirle al pueblo Jiw y a requerir a los que tienen incidencia porque acá se necesita hacer una delimitación del territorio, traer servicio de salud y educación para los niños, y que puedan tener acceso a los ríos para pescar y a sus terrenos para cazar y cultivar, la yuca y el plátano”.

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El vocero de la comunidad indígena aseguró que luego de la visita de la Defensoría, la alcaldía del municipio los autorizó a quedarse temporalmente  en las instalaciones de un hospital abandonado, pero más allá de eso solicitan que se les asigne un territorio para asentarse y retomar la vida indígena. 

"Estamos pidiendo que nos regalen o asignen o como se llame, un territorio, un indígena sin territorio no es nada y si no tenemos dónde cultivar la yuca y el plátano no podemos llevar una vida digna, no estamos pidiendo plata, solo un territorio para dejar de molestar a las autoridades" aseguró García. 

El drama de la comunidad Jiw empezó hace dos años cuando salieron desplazados por grupos armados de sus tierras ubicadas en el municipio de Mocuare, departamento del Guaviare. Posteriormente su éxodo los llevó a varios municipios del Guaviare y del  Meta hasta llegar a Puerto Concordía, allí reciben ayudas humanitarias por parte de la Unidad de Víctimas, aunque aseguran que no siempre los mercados llegan a tiempo.

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Emilio García Prodio también dice que no se ha podido comunicar con los líderes de las organizaciones indígenas como la ONIC o los congresistas de las circunscripciones especiales, puesto que las comunicaciones son difíciles en el sector y tampoco hay presencia de dichas organizaciones en el territorio. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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