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El ex Secretario de Gobierno de la Gobernación del Meta en 2013, Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza; la contratista Angélica Solangi Chávez León y el Gerente bancario para la época, Raul Alberto Gasca habrían cometido varios delitos al firmar un contrato, para dotación de equipos especializados tendientes a verificar datos tomados por las autoridades, denominados marpho-rap, por un valor de $ 1.379'184.000=.

Luego de escuchar y analizar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Seccional de delitos contra la administración pública, los 3 imputados recibieron la medida de aseguramiento solicitada por el ente judicial y ratificada por el abogado de víctimas.

El ex funcionario departamental, Brigadier General retirado de la Policía Nacional y la representante legal de la firma Tecnología Informática Oriental Tio Ltda fueron cobijados con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, por el Juzgado 3 Penal Municipal Ambulante de la URI.

Los asegurados fueron imputados por los delitos de, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y en beneficio de terceros, falsedad en documento público y fraude procesal.

El Juzgado señaló que dicha decisión se tomó teniendo en cuenta que, al parecer,a sabiendas que no podrían cumplir con el objeto del contrato, porque los equipos eran obsoletos e imposibles de conseguir, no sólo lo habrían firmado sino pagado el anticipo del 50%, es decir $689 millones de pesos.

Contra el ex directivo financiero, investigado por el delito de falsedad en documento privado fue ordenada detención no privativa de la libertad, consistente en presentarse los ultimos viernes de cada mes ante la Fiscalia que lleva el caso, guardar buena conducta y no salir del país, mientras dure el juicio en su contra.

Según la Fiscalia, Gasca habría entregado un certificado de capacidad de endeudamiento a TIO Ltda, suficiente para que le asignaran el contrato de la gobernación del Meta, como único proponente.

El Juzgado ordenó, además, a los detenidos, que se abstengan de comunicarse entre ellos y con los testigos y de ser necesario, deberán hacerlo a través de sus abogados.