La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a un proceso penal a ex funcionarios públicos y empleados de la IPS indígena Matsuldani, como presuntos integrantes de un cartel de la salud que se habría lucrado ilícitamente de los programas de prevención y atención de salud, por valores superiores a los 2.300 millones de pesos en el municipio de Cumaribo (Vichada). Entre las personas privadas de la libertad está Arnulfo Romero Pardo,  alcalde de Cumaribo entre 2011 y 2015, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La investigación se originó tras el informe entregado por el Superintendencia Nacional de Salud y el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República el 12 de febrero de 2016, sobre actos irregulares en la contratación y la prestación de servicios de salud en el departamento.

Entre las personas privadas de la libertad está Arnulfo Romero Pardo,  alcalde de Cumaribo entre 2011 y 2015, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Del  mismo modo, la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Leidy Yurani Plazas Barreto, judicializada por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

También se encuentra la subgerente de IPS indígena Matsuldani, Deisy Solano Herrera, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación.

Asimismo, el coordinador de esa IPS, Haider Puertas Lombana, procesado por concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material en documento público.

Las investigaciones adelantadas por los servidores del CTI de la Fiscalía, fundamentadas en los resultados de las visitas hechas por los delegados de los  entes de control y auditorías a las diferentes entidades de salud de Cumaribo, en mayo de 2015, evidenciaron diferentes anomalías en la prestación de los servicios de salud.

Por ejemplo, se hallaron deficiencias en los procesos y programas de gestión administrativa dentro de la institución, por la inadecuada y sospechosa gestión de los recursos  destinados a la prestación de los servicios en las vigencias de 2014 y 2015.

El CTI recaudó documentación de usuarios con enmendaduras, tachaduras y listados sin firmas.

Aparecen identificados menores de edad enlistados en otras poblaciones del departamento de Neiva como beneficiarios de programas de nutrición.

Igualmente, el fiscal del caso afirmó, al solicitarle al juez la privación de la libertad, que se detectó la insuficiencia en la capacidad operativa profesional para ejecutar las actividades programadas.

“La utilización de las mismas fotografías en los informes de gestión de los diferentes meses para los resguardos indígenas, así como el uso de fotos que no se encuentran debidamente justificadas respecto a las actividades realizadas”, anotó.

De otro lado, a través de las inspecciones realizadas a la IPS indígena Matsuldani, se reveló que facturaban tarros de leche traídos de Venezuela sin los registros de salubridad del Invíma, y los soportes de la ejecución de programas tenían enmendaduras o no existían.

La Fiscalía indicó que funcionarios entrevistados bajo juramento afirmaron que había almacenamiento inadecuado de medicamentos parasitarios y para el tratamiento de la tuberculosis.

“Los almacenamientos de residuos hospitalarios son inadecuados, los desechos  tóxicos están expuestos al público”, testificaron.

Además se evidenció que para las vacunas, las cadenas de frío no se cumplen y algunos lotes de estas vacunas se transportan en lanchas, en termos que no tienen las normas de sanidad y refrigeración.

En consecuencia, para la Fiscalía, es el reflejo de una empresa criminal, al parecer liderada por el señor Fabio Alexis García, representante legal de la IPS Matsuldani y sobre quien pesa una orden de captura emitida por el Juez 81 Penal Municipal de Bogotá con función de garantías, por actos de corrupción en este municipio.

“Todas estas personas ya mencionadas lograron la cooptación del Estado en un andamiaje criminal llevándose los recursos en este municipio”, sostuvo la fiscal delegada en el caso al justificar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual se hará efectiva en la cárcel El Buen Pastor y en el pabellón de funcionarios públicos de la Cárcel Distrital de Varones en la capital del país.