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La Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión de ordenar la remoción de seis miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), luego de resolver los recursos de reposición presentados por estos. 

La decisión se sustentó en dos consideraciones: la primera, la Superintendencia encontró que varios de los directivos investigados incurrieron en prácticas ilegales de coadministración en perjuicio de la CCV; y la segunda, se acreditó que todos los directivos investigados incumplieron sus deberes especiales porque removieron al presidente ejecutivo de la CCV con el propósito de mantener malas prácticas de administración, lo que llevó a la prolongada crisis del ente cameral. 

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Los sancionados son Carlos Alberto Lotero Prada; W Soluciones Integrales S.A.S., representada para el momento de los hechos de la investigación por Herin Camila López Rincón; Colombiana de Contratos y Suministros S.A.S., representada para el momento de los hechos de la investigación por Luis Roldofo Herrera Santiago; Magda Yaneth Esquivel Nieto; Juan Diego Garzón Díaz; y Nancy Mejía Ladino  

Cabe recordar que la actuación se inició con ocasión de múltiples quejas por parte de comerciantes de la región y de los demás directivos de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

Según la SIC, algunas de esas prácticas incluyeron su participación directa en la contratación del personal de la CCV, así como favorecer a proponentes en el marco de los procesos de selección de la entidad e intervenir de manera activa en la dirección de las diversas áreas de la Cámara de Comercio. Esos comportamientos de coadministración comprometieron la gestión y fueron desarrollados en beneficio exclusivo de los directivos investigados. 

Así mismo, los seis directivos investigados incumplieron sus deberes especiales al determinar la remoción del presidente ejecutivo que había promovido la recuperación de la CCV desde el segundo semestre de 2019. Ese comportamiento fue ilegal porque los directivos removieron al funcionario para lograr que se mantuvieran las prácticas administrativas que provocaron la crisis de la entidad, que resultaban favorables para los intereses particulares de los directivos investigados.  

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Además, esos directivos adoptaron la decisión de manera improvisada, sin identificar los riesgos asociados a ella y sin adoptar medida alguna para precaver la materialización de esos riesgos

Es de resaltar que los seis directivos investigados formularon recurso de reposición contra el acto administrativo con el que se decidió su remoción. 

Sin embargo, la Superintendencia concluyó que existen suficientes pruebas que acreditan el comportamiento ilegal de los directivos sancionados y, en consecuencia, que no existe mérito para modificar la decisión de removerlos. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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