Madres comunitarias piden ser reconocidas como trabajadoras del Estado
Aseguran que si la Corte Constitucional no acata la recomendación de la Procuraduría acudirán a instancias internacionales.
El abogado Juan Pablo Mantilla, quien defiende los derechos de las madres comunitarias en el país, calificó como beneplácito que después de 30 años, una entidad pública como la Procuraduría reconozca que las madres comunitarias tienen un contrato realidad con el Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (Icbf).
Razón por la cual le hizo un llamado de urgencia a la Corte Constitucional para acatar la recomendación del Ministerio Público y reconocer a las madres comunitarias como servidoras públicas para garantizar sus derechos constitucionales.
“Después de más de 30 años al servicio de la sociedad, las madres comunitarias merecen todas las prestaciones sociales y de ley (...) aunque no se encontraran creados sus cargos en el Icbf no pueden vulnerarse sus derechos o desconocer 30 años de trabajo”, dijo Mantilla
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El abogado advirtió que ante una eventual negativa de la Corte Constitucional, acudirán a instancias internacionales para hacer valer los derechos al trabajo y mínimo vital de las madres comunitarias en todo el país.
La recomendación de la Procuraduría se conoció a través de un concepto enviado al Alto Tribunal, en el cual critica al Estado por haber contratado sin prestaciones por más de 30 años a varias mujeres con el fin de prestar un servicio de guardería a los hijos menores de aquellas madres que no pueden cuidarlos y son de bajos recursos económicos.
Para el Ministerio Público, el trabajo desempeñado por ese grupo de mujeres constituye una labor de esfuerzo merecedora de ciertos derechos laborales y prestacionales.
“No otorgarles esa calidad va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital de quienes desarrollan esa labor (...) dificulta su acceso al Sistema de Seguridad Social, mecanismo de protección para toda la población del que no deben ser excluidas las madres comunitarias”, señala la Procuraduría
La Corte Constitucional estudia la viabilidad de la Ley que dictó normas en materia tributaria (artículo 36 de la Ley 1607 de 2012) que no reconoce a las madres comunitarias como servidoras públicas.
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