Magistrados que ordenaron arresto de Duque rechazan sus cuestionamientos

Los magistrados de la Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior de Ibagué rechazaron los cuestionamientos del presidente Iván Duque al fallo que ordenó 5 días de arresto domiciliario y una multa de 15 salarios mínimos, por presuntamente desacatar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 

Dicha sentencia declaró el Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos y ordenó una serie de medidas para su protección y conservación.

Según el tribunal, se ha incumplido con el punto que establece la conformación de un grupo especial de la Fuerza Pública que debe encargarse de la vigilancia del parque, razón por la que se impuso la sanción. 

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En su momento, Duque calificó el fallo como inconstitucional, como un abierto prevaricato, y pidió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que investigue a los tres magistrados que hacen parte de la Sala Quinta Laboral. 

Los magistrados Carlos Orlando Velásquez Murcia, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, se mostraron en desacuerdo con las críticas del primer mandatario, al considerar que está involucrándose en la función judicial. 

“La Corporación ante las expresiones descalificadoras del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, relacionadas con la decisión de la Sala Laboral proferida en su contra y otras autoridades en un incidente de desacato promovido por el accionante Juan Felipe Rodríguez Vargas y el Ministerio Público, además de rechazarlas constituyen una inaceptable y descomedida injerencia en la función judicial”, señala el comunicado. 

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Asimismo, menciona que para garantizar el principio de independencia y autonomía del sistema democrático deben respetarse las decisiones de los jueces de la República y controvertirlas ante los estrados judiciales. 

“Las decisiones de los jueces de la República deben respetarse y controvertirse en los estrados judiciales a través de los instrumentos constitucionales y legales instituidos en nuestro ordenamiento jurídico, preservándose así el valor esencial del principio de independencia y autonomía en el marco de un genuino sistema democrático de pesos y contrapesos”, agrega el documento. 

El tribunal aclaró que con la expedición del comunicado no se busca calificar de acertada o equivocada la determinación contra el jefe de Estado.