Más de 6 mil desmovilizados están sometidos a un limbo jurídico

El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, dijo en RCN Radio que los desmovilizados de los paramilitares y posiblemente de las Farc y el ELN están sometidos a un limbo jurídico producto de una sentencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema que modifico el tipo de delitos y que deja a los jueces la autonomía de condenar a quienes se desmovilizaron de los grupos armados.

"Algunos jueces no vienen aplicando los beneficios jurídicos de la 1424 como es la no privación de la libertad, por lo cual vienen aumentando las ordenes de captura contra esta población, e incluso se les aplican multas por las condenas que van desde 500 a 1500 millones de pesos", dijo Joshua Mitrotti.

Según el director de la Agencia para la Reintegración esta situación comenzó cuando después del 2006 que terminó parte del proceso de desmovilización  de aproximadamente 36 mil integrantes de las AUC, a "quienes se desmovilizaron se les aplicó un marco jurídico que permitía otorgar a los desmovilizados rasos ciertos beneficios, sin embargo, en razón a diferentes fallos proferidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, entre los años 2006 y 2010, se modificaron las reglas sobre las cuales ellos debían responder ante la sociedad civil y la justicia".

Esto le permite hoy en día a "los jueces ser autónomos" y decidir la aplicación de la justicia pese a que estos desmovilizados "para evitar la condena y la privación de la libertad cumplieron con la Ley 1424 de 2010 en la que contribuyen a la construcción de la verdad y la memoria histórica, realizan un servicio social a favor de sus comunidades y cumplen con el proceso de reintegración".

Otro de los inconvenientes que se viene presentando es que "las condenas dictadas generan un antecedente penal de carácter intemporal, lo cual les impide a estas personas contratar con el Estado, participar en política, desempeñarse como servidores públicos, acceder a un trabajo en la formalidad, ingresar al sistema financiero" e incluso les ocasiona la pérdida de sus trabajos, generando inestabilidad económica y familiar, sumado a la estigmatización y discriminación de la que ya son objeto.

A la fecha 6 mil 459 personas desmovilizados han sido condenadas y 28 mil 858 están pendientes por resolver su situación jurídica.